SÁBADO, 8 de diciembre 2018.- En mayo de este año el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, junto a la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hicieron un pedido para llamar a indagatoria a 26 militares argentinos acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra sus propios soldados durante la última guerra de Malvinas.
El juez Federico Calvete, a cargo del Juzgado Federal de Ushuaia decidió llamar a declaración indagatoria a 18 de esos 26 militares argentinos que había solicitado el fiscal. Entre los delitos de lesa humanidad que se imputan figuran la aplicación de torturas y padecimientos como enterramientos y estaqueamientos.
El juez considera que se trata de una decisión apropiada “dado el estado de avance de la investigación, que si bien no ha concluido, ha permitido incorporar cuantiosos elementos probatorios”. Muchos de estos elementos se desprenden de los legajos que forman parte del Fondo Documental Malvinas, un acervo documental de las Fuerzas Armadas que fue desclasificado en 2015 y tomado como parte central de los requerimientos presentados por fiscalía.
Que la tortura, las vejaciones y los padecimientos extremos que soportaron los soldados argentinos formaron parte de una práctica sistemática por parte de sus superiores, no sólo no constituye novedad alguna sino que se encuentra extensa y profundamente documentada. Para la CPM esta decisión resulta trascendental ya que pone en movimiento una causa que durante 11 años ha permanecido detenida, desoyendo completamente los testimonios de las víctimas y desconociendo toda carga probatoria existente.
Cabe destacar que la CPM se presentó como querellante en la causa por violaciones a los derechos humanos radicada en Ushuaia y ha venido acompañando este proceso judicial dando un impulso a la campaña Justicia por Malvinas, que se propone instalar no sólo en ámbitos judiciales sino en el pleno de nuestra sociedad la necesidad del reconocimiento por las violaciones a los derechos humanos que los soldados argentinos sufrieron por parte de sus superiores.
“Por todo este camino recorrido, la CPM celebra esta decisión y espera que sea el inicio de un verdadero camino de justicia que finalmente lleve algún alivio y reparación a los sobrevivientes de la guerra y las familias de los soldados que murieron en las Islas. Nuestra democracia exige justicia por esos crímenes que también fueron cometidos en el marco del terrorismo de estado que sufrió nuestro país entre 1976 y 1983” anunciaron en un comunicado.
Comentario de Facebook