MIÉRCOLES, 23 de septiembre de 2015.-El Tribunal Federal de Ushuaia condenó esta tarde al denominado “Clan Morales”, la familia que regenteaba el cabaret “Black & Withe”, por el delito de trata de personas y tomando en cuenta el agravante de “la pluralidad de actores y de víctimas”.
La justicia federal decidió condenar a 7 años de prisión a Víctor Morales, al considerarlo «coautor penalmente responsable del delito de trata” agravado por la pluralidad de actores y víctimas y deberá permanecer con prisión preventiva, fijándole una multa de 125 mil pesos. Entendiendo que «quedó probado que Victor Morales era quien organizaba, de hecho el apodo de él era el jefe, por esto la diferencia en el pedido de penas» que elevó en su momento la fiscalía.
También condenó a su actual pareja, Cristina Patricia Ramírez; a su hija, Daniela Alejandra Morales Ledesma; a su exesposa, María Cristina Ledesma y a Mirta Jorgelina Puglia; a 5 años de prisión. En tanto su otro hijo, Mauro Luciano Morales Ledesma, recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso.
El Tribunal comenzó la lectura de veredicto informando que se rechazaba la nulidad planteada por la defensa de los acusados y acto seguido leyeron la condena para Morales, sindicado como «el jefe”, como coautor penalmente responsable del delito de trata agravado por la pluralidad de actores y víctimas a la pena de 7 años de prisión y 125 mil pesos de multa. Además, el Tribunal decidió mantener la prisión efectiva de Morales.
Cristina Patricia Ramírez fue considera coautora penalmente responsable del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de autores y víctimas y condenada a 5 años de prisión más 90 mil pesos de multa. La misma pena le aplicaron a Daniela Alejandra Morales Ledesma, Mirta Jorgelina Puglia y María Cristina Ledesma. Todos deben presentarse semanalmente ante la autoridad judicial.
En el caso de Mauro Luciano Morales Ledesma fue hallado partícipe secundario del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de actores y víctimas y condenado a 3 años de prisión en suspenso y fijar pautas de conducta, debiendo presentarse en sede judicial cada 15 días.
Por otra parte, se dispuso el decomiso del dinero secuestrado y de los bienes muebles secuestrados de los domicilios usados como lugar de acogimiento y explotación y el decomiso de dinero de cuentas bancarias.
Se destacó, dentro de veredicto, la decisión del Tribunal de «disponer la restitución del dinero a las víctimas, realizando un relevamiento de lo reclamado por ellas a fin de evaluar su correspondencia”. En tanto, el resto del dinero será donado al programa de Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas.
También se resolvió realizar una subasta pública del mobiliario secuestrado en el lugar de explotación que está a resguardo de Gendarmería, debiendo disponer cuál será subastado, cuál donado y cuál destruido. La misma suerte corrió un vehículo propiedad de Victor Morales.
El Tribunal fijó como fecha de lectura de los fundamentos de la sentencia el próximo 29 de septiembre.
Vale mencionar que se comprobó que entre 2009 y 2012, el clan Morales publicó más de 100 avisos de trabajos falsos en diarios porteños, y el sitio web desde donde se promocionaba la actividad del prostíbulo expresaba en su encabezado «Contamos con 25 hermosas chicas dispuestas a darles compañía, distracción y placer durante toda la noche. Ellas fueron seleccionadas de nuestra República Argentina y de países latinoamericanos».
El fallo se conoció hoy, Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños, que se conmemora el 23 de septiembre de cada año y se recuerda esta fecha con el objetivo de concientizar sobre las causas y consecuencias de este crimen global organizado.
La fecha fue determinada en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka – Bangladesh en enero de l999, que eligió como «Día Internacional” en reconocimiento a la primera norma legal, la Ley Nº 9.143 sancionada el 23 de septiembre de 1913 en Argentina, conocida como Ley Palacios -en alusión al reconocido diputado socialista Alfredo Palacios, autor de la misma.
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