MIÉRCOLES, 22 de febrero 2017.-Los comercios, empresas, profesionales y monotributistas que vendan al consumidor final estarán obligados a aceptar pagos con tarjeta de débito, según un cronograma por sectores y montos de facturación fijado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que arranca a fines de abril y hará que este medio de pago esté virtualmente universalizado a fin de año.
El anuncio lo hizo este martes el jefe de esa repartición, Alberto Abad, que explicó que los plazos y modos en que se irá universalizando esta obligatoriedad fueron “consensuados con las cámaras comerciales (incluidos los supermercados chinos) y las emisoras de tarjetas”.
Destacó que el plan contempla una serie de incentivos para facilitar la instalación de los lectores de este tipo de tarjetas (POS) y beneficios tales como un recorte a la mitad en las retenciones por IVA y Ganancias que el organismo realiza “para todas las operaciones con tarjeta de débito”.
“Esas retenciones se aplican a las operaciones en efectivo en presunción de posible evasión. Eso nos permite ser mucho más flexibles con quienes las cursen por medios bancarizados”, indicó Abad.
Entre los beneficios para quienes se allanen a operar con tarjetas de débito se destaca la gratuidad del alquiler del POS por 2 años para los monotributistas (que además están exceptuados de pagar comisiones a las administradoras por esas transacciones por ley) y las bonificaciones del 50 por ciento por hasta seis meses o gratuidad por dos años (según el proveedor con que operen) a las que podrán acceder los inscriptos en el IVA que instalen los equipos.
El plan apunta a formalizar la mayor cantidad posible de transacciones comerciales facilitando este tipo de pagos, actualmente no aceptados por muchos comerciantes o prestadores de servicios de manera de terminar con los carteles del tipo: “No se aceptan tarjetas” o “Pagos con débito sólo desde…”.
La apuesta por generalizar la opción de pago con débito deriva de la ley N° 27.253 que estableció la devolución del 15 por ciento del IVA de la canasta básica de alimentos a jubilados que cobran el haber mínimo y beneficiarios de planes sociales.
Es que la devolución sólo es posible si el beneficiario paga en los comercios con tarjeta de débito o tarjeta prepaga no bancaria. “Hoy, según cifras que nos proporcionó el Banco Nación, apenas el 25% de los potenciales beneficiarios de estos reintegros acceden a él. La mayoría no puede hacerlo porque no le aceptan pagos con débito”, explicó Abad.
A eso se suma la norma que desde fines de 2001 -cuando se impulsaron intempestivamente los pagos por esta vía en tiempos del denominado corralito- ya obligaba a los comercios a contar con los equipos para facilitarlos.
COMBATE AL EFECTIVO
“Sin embargo, el sistema de pagos con tarjeta en la Argentina es reducido y tiene una muy escasa capilaridad. Pero eso se acaba”, proclamó ayer Abad, que reconoció que estas anomalías responden a que el organismo hoy a su cargo “no avanzó en los controles” al punto que numerosos comercios porteños o de ciudades importantes del interior (algunos esgrimiendo como excusa los costos del sistema) se ufanan de no recibir pagos con tarjetas.
“Ahora estamos facilitando la instalación de los equipos y los costos del sistema están en revisión y van a bajar. Así que tendrán plazos para ir adaptándose o se deberán atener a las sanciones porque controlar vamos a controlar”, proclamó Abad ayer al presentar ante la prensa la iniciativa en un encuentro realizado en la sede del organismo.
La resolución de la AFIP se publicará pasado mañana en el Boletín Oficial. Y establecerá que desde el 30 de abril todos los comercios (mayoristas o minoristas), hoteles y restaurantes, que hubieran reportado ingresos mayores o iguales a los 4 millones de pesos en el período fiscal 2015 deberán contar con el sistema para recibir pagos con tarjeta de débito.
Para los profesionales de centros de salud, cultura y deportes o entretenimientos (que hayan facturado montos semejantes) esa obligación regirá desde el 31 de julio. El resto de los contribuyentes deberá sumarse al sistema a partir del 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre, respectivamente, lo que incluye -en el último caso- a los monotributistas productores de bienes y dedicados a la venta de productos, con categorías desde la F y hasta la K.
Abad insistió ayer que la medida apunta a lograr que una mayor cantidad de operaciones comerciales se formalicen. “Dadas las rigideces fiscales que tenemos, es la única manera de que podamos seguir reduciendo la presión tributaria”, dijo tras recordar que ese indicador cayó en dos puntos durante 2016 luego de estar 14 años consecutivos en alza y haber llegado a un nivel récord.
Fuente: La Nación
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