JUEVES, 21 de septiembre 2017.– La ex presidente había sido denunciada por el fiscal como encubridora de los terroristas de la AMIA, el teniente general controlaba al fiscal y el técnico informático entregó el arma que gatillaron los sicarios. La justicia reúne la evidencia para acercarse a los autores ideológicos, partícipes necesarios y encubridores del asesinato
La pericia de la Gendarmería Nacional demostrando que Alberto Nisman fue ejecutado a sangre fría, coloca a Cristina Fernández, César Milani y Diego Lagomarsino como piezas fundamentales de la investigación que busca encontrar a los asesinos del fiscal federal.
Cristina había sido denunciada por Nisman como encubridora de los terroristas de la AMIA, Milani contralaba al fiscal desde la jefatura del Ejército y Lagomarsino entregó la Bersa 22 que gatillaron los sicarios.
La pesquisa será extensa, engorrosa y plagada de chicanas, pero en su debido momento la ex presidente de la Nación, el teniente general y el técnico informático comparecerán frente al juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano para declarar qué saben sobre la ejecución de Nisman.
La denuncia de Nisman aseguraba que CFK había firmado el Memo con Irán para garantizar la impunidad de los terroristas de la AMIA, a cambio de un negocio millonario vinculado al comercio de petróleo y de granos.
Nisman es asesinado al poco tiempo de esta denuncia, tras sufrir una persecución mediática y política coordinada desde la presidencia de Cristina y ejecutada desde los medios de comunicación públicos y privados que respondían a la Casa Rosada. Hasta el momento de la denuncia, pese a que perseguía a los autores del ataque a la AMIA, el fiscal muerto jamás había recibido una sola agresión física realizada por imputados locales o iraníes.
Cuando CFK firma el Memo con Irán, todos los fondos de la SIDE que se usaban para investigar la causa AMIA, fueron trasladados bajo el control de Milani. Este general de acceso directo a la entonces presidente y hoy detenido por crímenes de lesa humanidad controlaba los movimientos de Nisman, su familia, sus amigos y sus empleados de la fiscalía.
Milani aparece en múltiples llamadas horas antes de conocerse oficialmente la muerte del fiscal, y esas comunicaciones se dirigían a importantes funcionarios políticos del aparato de inteligencia que Cristina manejaba a través de Oscar Parrilli.
Lagomarsino entregó el arma que usaron los asesinos de Nisman. Jura que se fue del edificio Le Parc antes de su muerte y que el fiscal le pidió esa Bersa 22 para proteger a sus dos hijas. El técnico informático no tiene coartada: las hijas de Nisman estaban en Europa y nunca tuvo permiso oficial para portar armas.
A Nisman lo asesinaron dos sicarios que entraron sin obstáculos al departamento del fiscal. Las cámaras que vigilaban el complejo Le Parc no funcionaban. El gobierno de CFK envió a importantes funcionarios al escenario del crimen que, pese a su experiencia, alteraron su disposición original. Estos hechos preconfiguran una hipótesis de zona liberada y la posibilidad de la destrucción dolosa de la prueba para montar una operación de encubrimiento de los responsables del asesinato de Nisman.
En este contexto, Ercolini y Taiano reunirán la evidencia necesaria para acercarse a los posibles autores ideológicos, partícipes necesarios y encubridores del asesinato. Y cuando esas evidencias tracen un panorama serio de sospecha, no dudarán en citar a Cristina, Milani y Lagomarsino, tres protagonistas clave de un expediente que se destrabó por la pericia de la Gendarmería.
La persecución recién empieza y tiene una dificultad básica: muchísimas pruebas fueron alteradas y destruidas, mientras los amigos, socios y empleados de Cristina aseguraban que Nisman se había suicidado.
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