JUEVES, 7 de diciembre 2017.- En el día de ayer tuvo lugar en Buenos Aires el seminario “¿Autonomías Municipales en Crisis? Revisión de Casos Provinciales”, organizado por la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación juntamente con la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado de la Nación.
El mismo contó con la organización académica de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (FINDEL).
En la primera participaron los presidentes de ambas comisiones legislativas, la diputada nacional por Córdoba, Soledad Carrizo (Cambiemos) y el senador nacional por Santa Cruz, Alfredo Martínez (Cambiemos), y la Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, Ing. Aída Ayala, en su última actividad oficial, pues asume como diputada nacional por el Chaco.
El Prof. Dr. Daniel Cravacuore, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) y presidente de FINDEL, inició con una conferencia el seminario, presentando un marco de análisis del fenómeno de la recentralización municipal en América Latina, haciendo hincapié que la presión de los gobiernos nacionales y provinciales sobre los municipios es una de las tendencias que comienzan a verse en distintos países.
Posteriormente, se trataron tres casos: en primer lugar, el secretario de Gestión y Participación del Municipio de Río Grande, Federico Runín, en representación del intendente Gustavo Melella, presentó el intento de violación de la autonomía sobre los municipios fueguinos a partir de la declaración de certeza interpuesta por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) en torno a cuestionar la potestad tributaria municipal respecto del impuesto inmobiliario urbano.
El caso fueguino fue comentado por el prestigioso abogado Alberto Biglieri, profesor titular de Derecho Municipal de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Con posterioridad hablaron los intendentes de Santa Rosa y Realicó (La Pampa), Ing. Leandro Altolaguirre y Roxana Lercari, respectivamente, respecto de la fuerte presión provincial sobre los municipios. En el caso de la ciudad capital de la provincia, el Banco de La Pampa promovió acción de inconstitucionalidad de una ordenanza que liberaba al municipio de colocar sus fondos en ese banco; en el caso del intendente Lercari, ha sido denunciada penalmente por firmar convenios con el gobierno nacional sin comunicarlo al gobierno de Carlos Verna. El caso fue comentado por el reconocido profesor consulto de la UBA, el Dr. Néstor Losa.
Por último, expuso, en representación del intendente de La Banda (Santiago del Estero), la diputada nacional Mariana Morales (Frente Renovador), exponiendo la lucha jurídica del municipio por más de una década para lograr la actualización del índice de coparticipación municipal que corresponde al gobierno bandeño. En este caso, el comentarista fue el Dr. Enrique Marchiaro, profesor de Derecho Municipal de la Maestría en Gobierno Local de la Universidad Nacional de Quilmes.
Participaron de la actividad los diputados nacionales Horacio Goicochea (UCR-Cambiemos, Chaco), Diego Mestre (UCR-Cambiemos, Córdoba), Marcelo Monfort (UCR-Cambiemos, Entre Ríos), Jorge Lacoste (UCR-Cambiemos, Entre Ríos), Héctor Roquel (UCR-Cambiemos, Santa Cruz), Mariana Morales (Frente Renovador, Santiago del Estero) y Carlos Selva (Frente Renovador, Buenos Aires) y asesores de todos los bloques legislativos, así como académicos de las universidades nacionales de Rosario y La Plata.
Sobre el contenido del seminario, el Prof. Dr. Cravacuore señaló que “es muy importante que las violaciones a la autonomía municipal que buscan imponer los gobiernos provinciales lleguen a conocerse en el Congreso de la Nación, donde son prácticamente desconocidos por los diputados y senadores nacionales”.
Consultado sobre el caso de la provincia de Tierra del Fuego, sostuvo que “esperamos que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia haga justicia y falle considerando los sólidos argumentos de los municipios fueguinos. Existe acuerdo unánime entre los principales expertos que la declaración de certeza interpuesta por la agencia de recaudación provincial es un intento claro de avance sobre la autonomía de Río Grande y Ushuaia y que carece de fundamentos jurídicos sólidos”.
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