SÁBADO, 29 de diciembre de 2018.- La Jefatura de Gabinete quedó a cargo del Sistema Contrat.AR, la plataforma para la contratación y seguimiento de ejecución de obras públicas, que estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior.
La medida quedó establecida a través de un decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial.La Jefatura de Gabinete quedó a cargo del Sistema Contrat.AR, la plataforma para la contratación y seguimiento de ejecución de obras públicas, que estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior.
La medida quedó establecida a través de un decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial. Interior controlaba ese Sistema a través de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, y ahora fue transferido a la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
“La Oficina Nacional de Contrataciones tendrá nivel de Subsecretaría y tendrá las funciones previstas en el Decreto N° 1023/01, y será el Organo Rector del Sistema de Contrataciones de Obras Públicas y Concesiones de Obras Públicas que lleven a cabo las jurisdicciones y entidades de la administración nacional”, según el decreto.
Además, el Gobierno dispuso que las contrataciones de obra pública y concesiones de obra pública cuya ejecución se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1336 del 29 de diciembre de 2016, “deberán ser incorporadas al sistema electrónico aprobado por dicho decreto, para el seguimiento de su ejecución, a cuyo fin la Oficina Nacional de Contrataciones, establecerá el cronograma correspondiente, cuyo plazo máximo de implementación no podrá extenderse más allá del 1° de septiembre de 2019”.
El Sistema de Gestión Electrónica Contrat.AR fue diseñado para la “contratación y seguimiento de ejecución de obras financiadas total o parcialmente con fondos del Tesoro Nacional que ejecuten las provincias y los municipios”, recordó el Poder Ejecutivo. Y justificó su creación al señalar que “por el enorme volumen de dinero que representa (la obra pública) -entre un 13 % y un 20 % del PBI en promedio, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, se trata de un sistema que se encuentra particularmente expuesto al riesgo de mala gestión, al fraude y a la corrupción”.
“Respecto del costo económico de la corrupción, se estima que representa, en promedio, entre 20% y 25 % del valor de los contratos, derivando en impactos institucionales y macroeconómicos sustanciales para la Argentina”, añadió.
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