LUNES, 14 de enero 2019.- El Gobierno tiene lista una reforma profunda del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El proyecto de ley, que la Casa Rosada enviará al Congreso en el segundo semestre del año, tiene como objetivo principal separar las áreas de seguridad de los internos de los lugares de tratamiento y rehabilitación social. Es decir que los agentes penitenciarios, que tienen amplias funciones, pasarán a hacer solo tareas de custodia, protección y traslados.
Así, el Gobierno busca profesionalizar el cuidado de los presos y al mismo tiempo terminar con los abusos y las distorsiones que provoca que los guardiacárceles sean al mismo tiempo los carceleros y los encargados de definir salidas o beneficios. Hoy, los penitenciarios “hacen todo”, desde custodiar a los presos hasta definir salidas anticipadas de los internos en casos debidamente justificados o evaluar y dictar sanciones disciplinarias.
También tienen a su cargo el régimen de ejecución de la pena, lo que implica verificar las fases de detención. Además se encargan del tratamiento de los internos, así como de la educación y el trabajo de estos.
Todas estas funciones ya no estarán en manos de los integrantes de la fuerza de seguridad, sino que quedarán dentro de la órbita de profesionales. El objetivo es terminar con la “lógica verticalista” que, como organismo de seguridad, tiene el SPF.
El nuevo régimen, que integra el Plan Justicia 2020, que impulsa el ministro Germán Garavano, hace una diferencia entre los profesionales encargados del diseño de un programa de tratamiento para el interno, como médicos, abogados, psicólogos, psiquiatras, maestros, odontólogos, sociólogos afectados a los servicios de observación, clasificación y orientación criminológica del tratamiento penitenciario y asistentes sociales, entre otros, de los agentes penitenciarios que desempeñan tareas de seguridad.
Además, busca brindar una mayor eficiencia en la ejecución y supervisión de las penas privativas de la libertad y la prisión preventiva, como también de aquellas que se cumplen fuera de los establecimientos penitenciarios federales, como los que utilizan tobilleras.
La actual ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal es de 1973, tiempos en los que
gobernaba el presidente de facto Alejandro Lanusse. La nueva norma, según describieron
fuentes oficiales, se adecuó a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados
internacionales. La reforma integral del actual modelo penitenciario es “fundamental y necesaria para lograr inclusión social y reducir recaída en el delito”, dijo Garavano.
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