JUEVES, 30 de agosto 2018.- La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) señaló que afectará a personas de bajos recursos contempladas en el programa federal Incluir Salud.
La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) dio a conocer que más de 1.500 pacientes contemplados en el programa federal Incluir Salud (ex ProFe) se quedarán sin ese derecho desde el sábado. El motivo es porque el gobierno nacional mantiene una deuda millonaria desde hace un año. La crisis en el sistema de salud nuevamente impacta sobre los que menos tienen.
Desde la entidad aseguraron que la situación afectará a personas de bajos recursos de todo el país por una deuda de más de 250 millones de pesos que el Poder Ejecutivo no cancela desde hace más de un año con unos 200 centros privados. Los pacientes utilizan en general tres veces por semana y si no reciben el tratamiento, “pueden perder sus vidas en cuestión de semanas”.
A través de un comunicado, expresaron que “en sendas cartas documento enviadas al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzábal y al responsable del Programa Federal, Pablo Atchabahian, los directivos de CADRA piden una solución inmediata para evitar consecuencias no deseadas”.
El titular de esa entidad, Darío Zapata, dijo que “el desfinanciamiento que hoy sufren los centros de diálisis del país se debe, entre otros motivos, a la insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones”.
Incluir Salud, que ahora depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, garantiza el acceso a los servicios a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos.
En el caso de la diálisis, se firmó un acuerdo por el cual el Estado deriva a los pacientes carenciados a centros privados y les paga por los servicios, es decir las sesiones más el traslado. Sin embargo, en la práctica, denunciaron que “el gobierno nacional no paga desde abril del año pasado”.
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