VIERNES, 14 de diciembre 2018.- En un fallo sin precedentes históricos, la justicia ha condenado a dos exdirectivos de Ford Motor Argentina como cómplices en el secuestro y tortura de 24 obreros de la empresa, ocurridos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Ha sido la primera sentencia contra cargos de una multinacional radicada en el país y la más relevante contra civiles que dieron su apoyo al régimen.
Después de un año de proceso oral, los jueces condenaron al exjefe de seguridad de la planta, Héctor Sibilla, a 12 años de prisión; el exgerente de manufactura, Pedro Müller, recibió 10 años. La investigación se limitó a determinar la responsabilidad penal de los ejecutivos, sin involucrar a la empresa.
«Ha sido el primer juicio en democracia que da por probado en forma indudable que la empresa Ford participó con la dictadura en crímenes de lesa humanidad. Dos gerentes fueron condenados. Es una conquista histórica en Argentina que confirma que fue una dictadura cívico-militar», dice a EL PAÍS uno de los abogados querellantes, Tomás Ojea Quintana.
Los jueces del tribunal encontraron probado que Sibilla y Müller participaron activamente en un plan represivo de la dictadura destinado a controlar a los delegados gremiales de las grandes empresas. Según el relato de las víctimas, los condenados marcaban a los empleados más revoltosos, que luego eran secuestrados y torturados en un gimnasio en el interior de la planta que Ford aún hoy tiene en Pacheco, a las afueras de Buenos Aires.
En total fueron 24 los gremialistas secuestrados «en sus puestos de trabajo y llevados a un centro de detención dentro de la fábrica y desaparecidos durante un mes», dice Ojea Quintana. «La empresa los despidió con un telegrama alegando que no se presentaban», agrega. Carlos Propato, que era primer oficial de pintura y activista sindical, fue secuestrado el 13 de abril de 1976. A patadas y golpes lo tiraron por la escalera, lo maniataron con un alambre y lo arrojaron en el baúl de una camioneta, en la que había otros cuatro compañeros. Los cinco fueron trasladados hasta el salón de deportes de la empresa, donde fueron torturados «más de 11 horas», según su testimonio. El grupo fue trasladado luego a cárceles comunes de la provincia de Buenos Aires.
Müller, nacido en Checoslovaquia hace 86 años, y Sibilla, de 91 años, fueron condenados por haber facilitado al Ejército las listas de los trabajadores que querían que fueran secuestrados, de haberles proporcionado sus carnets con fotos para facilitar la identificación y de haber autorizado la existencia de un centro clandestino de detención en las instalaciones de la fábrica.
Por su avanzada edad, ambos cumplirán la condena en sus casas. Junto a los exdirectivos, también recibió una condena de 15 años de prisión el exgeneral Santiago Riveros, jefe de los centros de detención ilegales de Campo de Mayo, una zona militar de 5.000 hectáreas desde donde se diseñó la represión en la zona norte de Buenos Aires, donde funciona Ford.
En marzo de 1976, cuando se produjo el golpe militar contra Isabel Perón, trabajaban en Ford Motor Argentina 5.000 obreros y 2.500 empleados administrativos. Cien de ellos eran delegados gremiales y 24 fueron «marcados» por Sibilla y Müller para su secuestro. La querella denunció incluso que Sibilla participó de sesiones de tortura, facilitando preguntas a los interrogadores.
Previo a la lectura del fallo, Müller fue el único que hizo uso de la palabra. «Yo solo quiero hablar de mi vida personal. Llegué al país en diciembre de 1949 y al mes encontré trabajo como mecánico automotor y así financié mis estudios. Desde entonces nunca paré de trabajar. Me di cuenta que tenía que trabajar de manera apolítica. Tengo la conciencia tranquila porque nunca se me podrá acusar por mi conducta», declaró ante los jueces.
La empresa se mantuvo al margen del proceso, pero la querella anticipó avanzará sobre ella. «Esta no fue una condena a la empresa como multinacional. Ese es el siguiente paso, que la que rinda cuentas sea la empresa. Investigar cuáles son sus prácticas de producción y si respetan los derechos humanos.
Es un aporte no sólo a Argentina sino mundial, porque las empresas que tienen un poder importantísimo deben ser responsables de cumplir los derechos humanos», explica Ojea Quintana. En 2012, por iniciativa del Archivo Nacional de la Memoria, un cartel instalado en la planta de la empresa indica que en el «Quincho de Ford» funcionaba un centro de detención.
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