SÁBADO, 26 de mayo 2018.- En la noche del viernes, poco después del anuncio del presidente Michel Temer de que usará las «fuerzas de seguridad federales», los militares comenzaron a escoltar a camiones-cisterna en su acceso a las refinerías, principalmente en la de Duque de Caxias, cerca de Rio de Janeiro.
El ministerio de Defensa indicó en la mañana del sábado que 132 de los 519 bloqueos registrados el viernes habían sido levantados.
Pero en el sexto día de esta huelga contra el incremento del precio del diesel, los efectos de las medidas no eran percibidos por la población.
Prácticamente todas las estaciones de servicio del país están desabastecidas y los productos frescos son cada vez más escasos en los comercios.
El sindicato de distribuidores de combustibles de Sao Paulo (Sindipetro) anunció que 99% de las gasolineras de la capital económica de Brasil ya no tienen carburante y que tomará de «5 a 7 días» volver a la normalidad, cuando termine el conflicto.
– «Irresponsabilidad generalizada –
Los problemas de aprovisionamiento afectan también casi totalmente al transporte urbano.
En Rio, el organismo que administra los BRT, buses articulados introducidos durante los Juegos Olímpicos de 2016, que transitan por carriles exclusivos conectando numerosos barrios populares, anunció el sábado en Twitter que el servicio debió ser «interrumpido por tiempo indeterminado» a causa de la falta de combustible.
El bloqueo obligó a cancelar vuelos en el aeropuerto de Brasilia, paralizó la totalidad de las cadenas de montaje de automóviles, redujo la actividad de grandes frigoríficos y provocó una disparada de precios de los carburantes y los alimentos.
La ciudad de Sao Paulo, capital económica y financiera del país, decretó el estado de emergencia, una medida que le permitirá entre otras cosas requisar o aprehender bienes privados, como el combustible almacenado en una gasolinera.
En internet, los brasileños dan cuenta de todo tipo de penurias.
En su editorial del sábado, el cotidiano Estado De Sao Paulo asigna una «irresponsabilidad generalizada», tanto a los huelguistas como al gobierno, que actuó con «demasiada lentitud».
– «Negociaciones terminadas» –
A menos de cinco meses de la presidencial de octubre, la escasa credibilidad que le quedaba al impopular gobierno de centro-derecha continúa reduciéndose.
El viernes Temer había justificado las medidas adoptadas afirmando que «una minoría radical ha bloqueado carreteras impidiendo que muchos camioneros lleven adelante su deseo de atender a la población», pese a un acuerdo firmado el día anterior con varios sindicatos para una «tregua de 15 días», luego de prometer la reducción de un impuesto al diesel.
«Las negociaciones terminaron, ahora, esperamos que los términos del acuerdo sean respetados», dijo el jefe de gobierno Eliseu Padilha.
Luego del anuncio de Temer, la Asociación brasileña de camioneros (Abcam), que reivindica 600.000 transportistas independientes, se declaró «preocupada por la seguridad de los choferes» y solicitó en un comunicado «que las manifestaciones continuarán de forma pacífica, sin obstruir las rutas».
El viernes, varios líderes sindicales criticaron la decisión de usar al ejército «como instrumento de represión», asimilándola a «un intento de apagar un incendio con gasolina».
Amnistía Internacional consideró «inadmisible» la medida, afirmando que el papel del ejército no es «poner fin a manifestaciones o huelgas».
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