MIÉRCOLES, 8 de noviembre 2017.- El 1 de marzo de este año, en la apertura de sesiones ordinarias, Mauricio Macri le pidió al Congreso que aprobara una ley de Responsabilidad Penal Empresaria para castigar los delitos cometidos por las personas jurídicas (empresas) y así ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Luego de varias idas y vueltas, ese día llegó y la Cámara de Diputados dará sanción definitiva a la norma en la sesión de hoy, que comenzará a las 11:45.
Ayer Cambiemos consiguió dictamen favorable en las comisiones de Legislación General y Penal y el texto, que vino con modificaciones del Senado, se convertirá en ley con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa y el bloque Justicialista de Diego Bossio, entre otros. El Frente para la Victoria, que no apoyó el dictamen, aún no decidió cómo votará: lo decidirá en una reunión previa a la sesión.
«No vamos a tener problemas ni con el quórum ni con los votos. Para la aprobación general ya la apoyaron todos los bloques y, si bien habrá disidencias en lo particular, necesitan de dos tercios para imponer algún cambio», analizó un diputado de Cambiemos, que se mostró más que optimista en que saldrá la norma.
Precisamente, en el massismo adelantaron que acompañarán en general pero que en lo particular pedirán que los delitos de corrupción sean imprescriptibles.
El camino que recorrió la iniciativa fue largo. Primero, en julio, Diputados le dio media sanción. Sin embargo, desde un primer momento en el Senado sabían que le iban a hacer modificaciones sustanciales porque había algunos puntos que eran inviables. Los dos más cuestionados -que se removieron- eran la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la cantidad de delitos que abarcaba la ley.
Casi tres meses después, a fines de septiembre, el Senado aprobó con cambios el texto. En el medio, hubo reuniones de Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción y principal parte interesada en que se sancione, con diputados y senadores de Cambiemos para que apuren los trámites. Hasta hubo un pedido de que la Cámara baja diera el visto bueno a los cambios del Senado ya que la prioridad era tener ley.
Ahora, el texto de la norma que se aprobará contempla que los delitos contra la administración pública cometidos por personas jurídicas prescriben a los seis años y las multas serán de dos a cinco veces la ganancia obtenida ilegalmente por la empresa. Y los delitos que abarca son cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.
Otro punto clave es la figura de «colaborador eficaz», similar al arrepentido, en donde la empresa se puede comprometer a brindar datos precisos y útiles para avanzar con la causa. A cambio, se les reduce la pena. Aquí se eliminó el famoso «artículo Odebrecht», que permitía a los acusados realizar con el Poder Ejecutivo «acuerdos administrativos» para dar información sin intervención de la Justicia. La oposición lo rechazó de plano.
Relacionado a esto, otra manera en que la empresa puede eximirse de la pena es si son ellos quiénes detectan el delito y no el Estado o si implementan un programa de integridad o «compliance».
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