LUNES, 16 de abril de 2018.- La caída de uno de los cajeros de la política provincial vino de la mano de la denuncia que efectuó Horacio Miranda por el escandaloso manejo de $ 24 millones imputados como compras secretas.
Sobreprecios, dinero que no aparece, y la compra de equipamiento que de haber sido utilizado violaría la ley de inteligencia interior, ponen en el centro de la tormenta las compras secretas de la Secretaría de Seguridad.
Durante más de dos años Murray manejo la cartera de seguridad a su antojo y operó sobre otras carteras del gobierno de la provincia: Deportes y Juventud, y el reparto de la pauta oficial de la Secretaria de Medios.
Murray no se privó de nada, cometió el error de creerse eterno, llegando a utilizar fondos transferidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, adjudicando la compra millonaria de una flota de 17 camionetas Volkswagen Amarok sin licitación, y en forma directa. Suponemos que a Patricia Bullrich no le va a gustar enterarse el manejo poco transparente y discrecional de los fondos nacionales por parte de Ezequiel Murray.
En marzo de este año, utilizó fondos de la Secretaría de Seguridad, en la contratación de una consultora política para que realice encuestas telefónicas midiendo su imagen frente a una eventual candidatura en 2019.
Algún afiebrado llegó a decir que Murray sería el cajero de los millonarios subsidios que el gobierno provincial otorga a los cuarteles de bomberos voluntarios. Esa teoría cobra fuerza cuando nos enteramos de la liberación de expedientes por sumas millonarias, que oportunamente habrían sido observados por el Tribunal de Cuentas por severas irregularidades, y que al principio de la gestión de Bertone, a instancias de Murray fueron pagados al cuartel que preside Pascual Lombardo.
Esa situación generó malestar en Horacio Galego, y tras manifestar su disconformidad con el tratamiento desigual, la gobernadora habría intercedido con Murray para que le liberaran algunos subsidios a los otros cuarteles de bomberos de Ushuaia.
Fue el propio Horacio Galego presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios quien reconoció públicamente que los subsidios no tienen control y se han manejado con poca transparencia “nosotros manejamos fondos que son públicos, que son de los vecinos –de lo que aporta el contribuyente- y este tipo de historias que han traído mucha tristeza al sistema de bomberos por los desmanejos que hubo». A confesión de parte, relevo de pruebas.
Fue en la escandalosa reunión de comisión de presupuesto de la legislatura, presidida por Pablo Blanco, cuando el Secretario de Seguridad Ezequiel Murray no pudo explicar el destino de $17 millones de pesos, respondiendo a los legisladores que se trataban de fondos reservados.
Con respecto a los escandalosos subsidios que manejan Horacio Galego, Pascual Lombardo y el interventor de Bomberos Zona Norte, Murray nunca pudo responder sobre la partidas de transferencia relacionada con el pago de subsidios a bomberos. «Nos dicen que se han efectuado el pago de 42 millones, pero en el medio hay un convenio firmado por 42 más, no se entiende” explicó el Legislador Villegas.
Murray entro en pánico, y desesperado miraba para todos lados, a ver si alguien le tiraba un salvavidas y lo hacia zafar de semejante papelón. La prensa transmitía en directo, por facebook la reunión de comisión.
Pablo Blanco al darse cuenta que si Murray y sus colaboradores seguían hablando dos minutos más, terminaban todos esposados, decidió suspender la reunión. El presidente de la comisión de presupuesto le pidió a los funcionarios de Rosana Bertone que se fueran, juntaran la documentación y volvieran en quince días.
El tema es que Murray estaba muy flojito de papeles, y era imposible enderezar los expedientes administrativamente. El modus operandi de la auditoria por muestreo solo sirve para sortear el control del Tribunal de Cuentas pero no brinda el manejo irregular ante la investigación judicial, lo que complica la situación de los funcionarios. Es fuerte el rumor que en el TCP los expedientes pesados no se auditan, y que mayoritariamente las auditorias se direccionaria exclusivamente a expediente de menor cuantía donde los involucrados son empleados y funcionarios de menor nivel.
Tras la escandalosa reunión de comisión de presupuesto, se produjeron varias reuniones, y muchas llamadas telefónicas entre el Ejecutivo y el Legislativo para poner paños fríos y frenar el asunto, porque después de todo, «entre bomberos, no nos vamos a pisar la manguera». Pero nadie contaba con la aparición en escena de Horacio Miranda, quien se dirigió a la fiscalía y los denunció a Murray y a la gobernadora Bertone.
Gorbacz y el propio Murray operaron sobre los medios locales para tapar el sol con las manos, pero los medios de comunicación nacionales reflejaron la denuncia de Horacio Miranda, y el escándalo ya no se pudo parar.
Fue precisamente Leonardo Gorgacz, acompañado de Pepe Labroca, el Comisario Nelson Moreira y el propio Murray, quien en conferencia de prensa en Casa de gobierno, salió a responderle a Horacio Miranda, sin nombrarlo.
Gorbacz pretendió mejorar la situación de Murray diciendo que no se trataban de «gastos reservados» sino de «compras secretas», y de esta manera echar por tierra el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno. Gorbacz mintió descaradamente frente a la prensa y la opinión pública, induciendo a error a los comunicadores sociales, confundiendo el secreto de las operaciones policiales bajo jurisdicción de la justicia federal, con las compras secretas provenientes del presupuesto provincial.
En concordancia con los dicho por Gorbacz, Murray cambio su discurso, dejó de hablar de gastos reservados y empezó a hablar de compras secretas, las que justificó frente a la prensa y legisladores, con una «supuesta» lucha sin cuartel contra los carteles del narcotráfico en la provincia.
A nadie le consta que el Estado fueguino esté librando esa supuesta lucha sin cuartel, ya que la droga inunda la noche de Tierra del Fuego, las plazas de las ciudades, y los ámbitos fabriles.
El narcotráfico y la narco-criminalidad aumentó desde que Murray asumió la cartera de Seguridad provincial.
Lo único secreto que puede tramitarse se encuentra receptado en las disposiciones legales que prevén el secreto de sumario durante la instrucción de causas por delitos de narcotráfico. Las operaciones de inteligencia criminal, e investigación, se encuentran bajo el control jurisdiccional del juez y del titular del ministerio público fiscal, nada tiene que ver con las compras secretas de la Secretaría de Seguridad provincial, las que debieron efectuarse mediante una licitación pública.
Días después, el Secretario de Seguridad volvió a la legislatura sin los expedientes respaldatorios, e insistió en que se realizaron ‘compras secretas’ y que éstas ‘fueron informadas al Tribunal de Cuentas’. Los legisladores criticaron su actitud y fue la propia Mónica Urquiza que lo calificó de ‘arrogante’.
Por aquel entonces en el ambiente de la «mascada» política y de la prensa adicta se especulaba y hacían pronósticos sobre la capacidad de Bertone de operar con María del Carmen Battaini para frenar la causa.
Cuando la cosa empezó a cobrar otra velocidad, el fiscal Mayor Guillermo Quadrini decidió sacarse la papa caliente de las manos y remitir la denuncia efectuada por Horacio Miranda a Ushuaia, la que finalmente recayó en el fiscal Fernando Ballester Bidau y en la jueza de Instrucción Nº2 del distrito Judicial Sur, María Cristina Barrionuevo.
La primera baja que produjo la denuncia de Miranda fue la renuncia del «perro» Del Val al Tribunal de Cuentas, ya que el zorro sabe más por viejo que por zorro. Del Val no iba a quedar pegado por las desprolijidades e irregularidades de los funcionarios de Rosana.
Son varios los expedientes que involucran a funcionarios del más alto nivel del gobierno provincial y si esto llegara a la justicia, no solo salpicaría a la gobernadora, sino que los vocales del Tribunal de Cuentas quedarían pegados.
Según fuentes confiables, cada día que pasa la situación judicial de Ezequiel Murray se complica más, por eso la decisión de la gobernadora de echarlo. Por ahora Murray retornará a Vicente López, (Buenos Aires) y tendrá más tiempo disponible para ir a la cancha, para alentar a Colegiales, el club de sus amores.
Miranda estaría por presentar otra denuncia penal, esta vez vinculada a los 42 millones de pesos que el gobierno transfirió a las comisiones directivas de las asociaciones de Bomberos Voluntarios.
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