JUEVES, 26 de julio 2018.- En una destacada intervención, Sánchez Posleman manifestó: «En el caso de esta Ley, su aprobación debe resultar de una perfecta aplicación, una Ley acabada y ejemplar; de lo contrario, se puede producir en la sociedad y las Instituciones Médicas un daño irreparable.»
En relación a la situación de los profesionales de la salud y las posibles penalizaciones que el proyecto de ley contempla en su artículo 2 dijo: «entiendo que esta norma que desconoce la posibilidad de objeción de conciencia institucional me obligará, como cabeza de la institución a la que represento, a tomar decisiones y acciones sin contemplar mis convicciones éticas o religiosas, ni la voluntad del grupo humano del que se compone.
La objeción de conciencia institucional en orden a la práctica médica, debería tenerse en cuenta porque el embarazo no es una patología, es un estado de salud, y su interrupción va más allá de los actos médicos contemplados en el ejercicio de la medicina que se desarrollan dentro del Sanatorio».
Durante un tramo intermedio de su presentación, agregó: «Además por supuesto, es fundamental que la mujer conozca los riesgos y complicaciones, inmediatos o mediatos, que puede ocasionar la práctica abortiva, ya sea en su capacidad reproductora, o detrimento de su salud, y hasta en la vida de la mujer.
Les recuerdo, estimados senadores, que incluso los que están a favor de aborto admiten con justa razón y causa que, en sí misma, la práctica es nociva y posee complicaciones. En ese sentido entendemos que la ley falla al no permitir a los médicos siquiera mencionar estos temas».
Sobre el final de su intervención Sánchez Posleman subrayó: «Con el noble fin de preservar el bienestar futuro de la mujer entendemos que el aborto en si es la ultima opción posible.
El aborto es un drama para la sociedad, y especialmente para la mujer, y las causas que llevan a esta realidad son las que deberíamos todos intentar atacar. La falta de programas y de información atentan contra la salud de las mujeres y los niños de nuestro País, y en ese sentido entendemos que el parlamento argentino puede hacer mucho para aliviar estos temas».
«Les pedimos de modo explícito que no se penalice a los objetores de conciencia institucional, ya que sería una gravísima violación a nuestros derechos».
De este modo Tierra del Fuego se hizo presente con un profesional de la salud que llevó su testimonio al escenario central de debate de un tema clave e histórico para la sociedad de los argentinos.
Cabe recordar que la senadora Miriam Boyadjián, en el tramo final de la ronda de debates en la Cámara Alta, retomó los cuestionamientos a la despenalización del aborto, planteando que las muertes por abortos clandestinos “están en el puesto 70, y tenemos una lista muy larga antes”, por lo cual no lo considera un tema prioritario para resolver.
“Se plantea que cada cirugía tiene un costo de entre 20 mil y 30 mil pesos, con anestesia incluida, y tendríamos que ver el costo del post aborto”, observó, mirando el costado económico paralelo al debate. Para el 8 de agosto pronostica “un final abierto”, con senadores indecisos que, tal como ocurrió en Diputados, se definirán sobre la hora de la votación.
“Tenemos que defender a las mujeres en todo su derecho y ahí falta un trabajo de prevención y de educación. Hace muy poco tuvimos nacimientos en Río Grande con enfermedades congénitas por enfermedades de transmisión sexual que no se daban hace mucho tiempo. Hay altos índices tanto de hepatitis como de tuberculosis y debe haber una política de prevención que baje desde el gobierno nacional”, reclamó la Senadora.
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