MIÉRCOLES, 13 de junio de 2018.– En las últimas semanas surgieron denuncias sobre transferencias millonarias de dólares desde el extranjero a organizaciones feministas que promueven la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito.

Las denuncias son dirigidas  a la asociación civil FUSA, que ha recibido  más de u$s 3.335.000 de International PlannedParenthood Foundation (IPPF), la mayor clínica de abortos de Estados Unidos.

En la última década, Planned Parenthood ha transferido más de u$s 5 millones a organizaciones argentinas que integran la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, tal como se informa en los reportes financieros de esta corporación denunciada por comercializar los cadáveres de los bebés abortados para la industria cosmética.

FUSA declara ser representante de Planned Parenthood en la Argentina y posee una clínica en el barrio porteño de Almagro, donde brinda «servicios de salud a adolescentes con enfoque de género» y promueve la realización de abortos.

También han sido beneficiarias de «subsidios», como «organizaciones socias», Católicas por el Derecho a Decidir (con u$s 1.194.015) y el Centro de Estudio de Estado y Sociedad – CEDES (con u$s 190.202), autor del cuestionado estudio en el que se dice que hay 500.000 abortos anuales en el país.

También recibieron fondos Asociación Civil Pro Amnistía (u$s 99.850), Fundación Huésped (u$s 84.000), y el Fondo de Mujeres del Sur (u$s 75.000).

IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar) es una asociación presente en 152 países que nuclea a la mayor red de instituciones y clínicas de abortos del mundo. Tiene su sede en Londres y maneja anualmente según sus propios informes 123 millones de dólares. Ofrece servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente abortos, habiendo realizado en 2016 casi 5 millones.

PlannedParenthood, el mayor proveedor de abortos de EEUU, es uno de los principales socios de IPPF. Luego del escándalo del tráfico de restos fetales en 2016 por el cual Donald Trump amenazó desfinanciarlo, aún sigue recibiendo del gobierno más de 500 millones, solo un cuarto de los 2.000 millones de dólares de su presupuesto anual.

Las estimaciones más gruesas sobre el aborto clandestino en nuestro país estiman un negocio de $ 1.500 millones. Haciendo una proyección, nuestro país se convertiría en un mercado de 5.500 millones de pesos por el aborto legal, un negocio mucho mayor que el del aborto clandestino y que pretende quedarse en manos de clínicas privadas que se especializan en abortos.

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