LUNES, 30 de octubre de 2017.- El Jefe de Gabinete de Ministros Leonardo Gorbacz complicó más la situación de la gobernadora Rosana Bertone, al confirmar en rueda de prensa, que el gobierno efectuó compras directas con carácter de secretas por 17 millones pesos.
Gorbacz, que estaba acompañado del Secretario de Seguridad Ezequiel Murray, el Ministro de Economía José Labroca, el Jefe de Policía Nelson Moreira, complicó más la situación de la gobernadora Bertone al «confesar» frente a la prensa que la titular del Poder Ejecutivo Provincial firmó las Resoluciones por las cuales se autorizó a la compra «directa y secreta» por 17 millones de pesos.
De esta manera Gorbacz le dió la razón al Legislador Provincial (MC) Horacio Miranda, quien el viernes pasado radicó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal, imputando directamente a la Gobernador Bertone como máxima responsable del escándalo por los $17 millones del presupuesto de seguridad que el gobieno mantiene en el más absoluto secreto.
Al comienzo de la sorpresiva conferencia de prensa, Gorbacz alardeó sobre la «supuesta transparencia» del gobierno de Bertone, para posteriormente referirse al escándalo producido Murray y su equipo en la legislatura, y que posteriormente derivó en una denuncia penal promovida por Miranda.
Lo cierto es que el gobierno se niega a explicar a donde fueron a parar los $17 millones de pesos, y que comienza a cobrar fuerza en ámbitos judiciales, periodísticos y políticos, la hipótesis de que el gobierno tramó un ardid para evitar el control público, armando «compras directas millonarias y bajo la modalidad de secreta, para no tener que rendir cuentas de sobreprecios o malversación de fondos públicos frente a la opinión pública». Una lisa y llana violación del principio de publicidad de los actos de gobierno en un estado de derecho.
Recordemos que la modalidad de gastos reservados, contrataciones directas y contrataciones secretas, son mecanismos que históricamente se han utilizado en la Argentina para el financiamiento de campañas electorales, para la inteligencia interior, y para el financiamiento de lo «peor de la política».
Luego de su pobre y lamentable exposición, Leonardo Gorbacz, le pasó el micrófono a Ezequiel Murray, quien no pudiendo hilvanar una frase, y demostrando su bajo nivel intelectual, agachó la cabeza y comenzó a leer de corrido algunas letras con el cual trató de justificar el escándalo de los $ 17 millones gastados secretamente.
Murray con cara de susto, era una mezcla del «Gato» Gaudio y Hernán Lorenzino, faltaba que tirara la frase «a quien le quiero mentir boludo! ¡Que mal la estoy pasando!».
Gorbacz salió a tratar de salvarle la ropa a Murray, y carente de argumentos, en un manotazo desesperado, hundió a su jefa política vinculándola directamente con los hechos al sindicarla como firmante de las resoluciones que aprobaron las «compras bajo la modalidad de secreto de estado». El jefe de gabinete, totalmente desdibujado, fue es una clara demostración de la decadencia de un político «embrutecido» por la lógica de que el «fin justifica los medios».
Gorbacz en ningún momento amagó con explicar en que gastaron los $17 millones bajo la modalidad de «compra directa-sin licitación- y secreta».
El Jefe de gabinete no podía explicar a la prensa adonde fueron a parar los millones de pesos, y pretendió ampararese en un artículo de la ley de contratación para justificar la evasión del control de la población. Tampoco nadie le preguntó, no vaya a ser que el funcionario se ofendiera de que le pidieran explicaciones.
Bertone y Gorbacz saben perfectamente, que la provincia no podría haber llegado al nivel de quebrantamiento y endeudamiento sino fuera porque los organismos de control conformaron con sucesivos gobiernos una especie de «banda» de funcionarios que en el pasado asaltó y saqueó el Estado. Ahora lejos de transparentar los gastos del dinero público, esconden gastos que parecen ser «inconfesables», bajo la excusa del «secreto de Estado».
Si la justicia fueguina, hasta ahora carente de credibilidad a la hora de investigar la corrupción administrativa y a los políticos, decide actuar como corresponde, el fiscal deberá tomar medidas de prueba, ordenar allanamientos y requerir declaraciones testimoniales y documentación, orientando la investigación por la posible comisión de los delitos de malversación de fondos públicos y sobreprecios. Por otra parte, de encontrar elementos girar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal de la Nación, para que en el fuero federal se investigue la presunta violación de la Ley de Inteligencia Interior.
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