VIERNES, 1 de marzo 2019.- El caso de la nena violada en Tucumán volvió a instalar el tema de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que le correspondía por ley. Sin embargo, la práctica se postergó a causa de la intervención de las autoridades provinciales y, como estaba en la semana 23 de gestación, le hicieron una microcesárea.
La Corte Suprema de Tucumán advirtió que el Ministerio de Salud local anunció en forma engañosa que llevarían adelante una ILE y mencionó la aplicación del fallo FAL, pero en un comunicado aseguraron que se llevarían a cabo los «procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas».
A esa advertencia se sumó el repudio de organizaciones de mujeres y de derechos humanos. En un comunicado, rechazaron «la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud de la provincia» y «la demora injustificada de acceso a la interrupción legal del embarazo».
Las abogadas de la víctima denunciaron en diálogo con TN que su defendida fue expuesta a un trato «aberrante y cruel». Y acusaron a las autoridades de salud de haber dilatado el proceso para llevar adelante una ILE con maniobras judiciales innecesarias.
A raíz de estos cruces, surgieron las preguntas: ¿qué es la ILE, en qué casos y cómo se aplica?
Hace más de un mes, el 22 de enero, Jujuy vivió un caso idéntico al de Tucumán: a una nena de 12 años, que había sido violada, le hicieron una cesárea y no la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que había solicitado con el apoyo de su familia.
La dirección del Hospital Materno Infantil Héctor Quintana, de San Salvador de Jujuy, informó que tras practicarle la cesárea a la nena, la bebé había muerto, ya que solo tenía 23 semanas de gestación.
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