SÁBADO, 29 de abril 2017.- El Observatorio de la Deuda Social Argentina constituye un programa de investigación, extensión y formación de recursos humanos de la Pontificia Universidad Católica Argentina.Desde 2002 este programa reúne proyectos de investigación que cuentan con el apoyo de entidades públicas y privadas, que promueven el desarrollo social.
A finales de 2015, casi cinco de cada 10 hogares identifican la venta o tráfico de drogas en su calle, manzana o vecindario.
De esta manera, el último informe del Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en Argentina, publicado ayer, traza un duro panorama en el interior del país sobre el avance del narcotráfico y sus devastadores efectos en los barrios.
Según el texto que dio a conocer el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el 48,5 por ciento de los argentinos residentes en zonas urbanas afirmó el año pasado que se vendían drogas en su barrio, lo que representa un aumento del 18,3 por ciento con respecto a 2010.
En este punto, el estudio identificó un dato aun más preocupante: en los asentamientos precarios, el 76,7 por ciento de los encuestados respondió que se vendían drogas ilícitas cerca de su domicilio. O sea, en los barrios de las distintas urbes del país, la venta de cocaína, marihuana, paco y pastillas al menudeo ha aumentado de manera sostenida en cinco años, pese a haber logrado una amplia visibilidad.
“Los efectos del negocio ilegal tienden a afectar de manera más intensa a los más vulnerables. Los ámbitos en los que el Estado no alcanza a garantizar derechos son aquellos en los que el narcomenudeo tiende a adquirir mayor visibilidad, contribuyendo en muchos casos a la configuración territorial de espacios urbanos marcados por distintos tipos de privaciones”, alertó el informe.
En ese punto, se advirtió que este contexto de impunidad tiene su correlato en un aumento de la violencia que a veces explota de otras formas, no siempre asociada de manera directa al narcotráfico y a sus reglas jamás escritas.
“Los más pobres –agrega– terminan siendo los más afectados por las situaciones de violencia y deterioro institucional que se generan sobre la base del desarrollo de estas actividades. Lejos de las posturas que niegan o relativizan el problema, partimos aquí de la evidencia de que la presencia en el país de redes de narcotráfico tiene gravísimas consecuencias”.
Tras la alerta, el informe también se ocupa de analizar cómo se debería encarar alguna respuesta oficial para intentar contrarrestar semejante avance.
“Una forma de afrontar el problema de las adicciones, y particularmente de la narcocriminalidad, estuvo enmarcada en el paradigma de corte eminentemente represivo conocido como ‘la guerra contra las drogas’. Donde dicho enfoque fue aplicado, no solamente ha mostrado magros resultados, sino que además ha agravado la situación, incrementando la violencia, la corrupción de los funcionarios públicos y las violaciones de derechos de las poblaciones más vulnerables”.
“Desde otra posición, en cambio, se distingue la necesidad de un enfoque integral para la lucha contra el narcotráfico, que tenga en cuenta el fenómeno de la adicción y del consumo, invirtiendo más recursos en prevención y rehabilitación, y fundamentalmente en las posibilidades de generar proyectos de vida a partir de la integración social desde la educación, el trabajo y la integración urbana”.
Jóvenes vulnerables
En ese punto, la UCA anunció las conclusiones de un estudio elaborado tras encuestar a 660 jóvenes, de entre 17 y 25 años, residentes en los 15 barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires.
Al analizar estos resultados, surgió que casi un cuarto de los encuestados registra una prevalencia alta de consumo, el doble que en zonas no vulnerables, según explicó a la prensa el director de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia.
De ellos, sólo un 10 por ciento ha participado de algún programa de rehabilitación.
El estudio señala que el 36 por ciento de los jóvenes que residen en áreas vulnerables consume semanalmente sustancias ilegales y más del 11 por ciento muestra síntomas de dependencia al alcohol, otra de las sustancias en la que el estudio hizo foco, para subrayar lo que la problemática que continúa siendo.
Pero en las conclusiones no sólo se hizo hincapié en la parte de prevención y rehabilitación, sino que también se subrayó la necesidad de que las investigaciones judiciales tengan un foco más preciso.
“Bajo esta perspectiva, contra el delito organizado, deberían predominar las estrategias orientadas al combate del lavado de activos y a las actividades ligadas a los eslabones con mayor rentabilidad y capacidad estratégica de la cadena, y en este contexto, cabe resaltar también el relevante papel que deben jugar en términos institucionales el sistema político, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad”, se indicó.
Otro dato llamativo que surge de la encuesta nacional da cuenta de que el 68,3 por ciento afirmó que la Policía conoce o participa del tráfico de las drogas en su barrio, y el 27,5 por ciento aseguró que los punteros políticos también lo hacen.
lavoz
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