MARTES, 23 de octubre 2018.- El médico Leandro Rodríguez Lastra (MPRN 6818) atendió a una mujer de 19 años que llegó a la guardia del hospital Pedro Moguillansky de Cipoletti, Río Negro; quien había ingerido una droga abortiva proporcionada por una organización no médica en la cual le provocó fuertes dolores con un embarazo de cinco meses. El médico (tocoginecólo), corroboró que tenía 22 semanas y media de gestación y que el bebé pesaba más de 500 gramos, por el cual hizo nacer al niño y este fue adoptado. Una diputada lo denunció por no aplicar del protocolo de aborto. Ahora, el juez no lo sobreseyó y va a juicio oral.
El médico Rodríguez Lastra, explicó que él se negó a practicar el aborto en esas condiciones porque había riesgo para la madre y porque el feto era «viable» pero quedaría con secuelas graves. Hizo lo necesario para salvar a la madre y al niño en gestación, pero fue denunciado y procesado por «violencia obstétrica» e «incumplimiento de deberes de funcionario público».
La justicia no lo sobreseyó según pedía la defensa y Rodríguez Lastra debe enfrentar un juicio oral. Una verdadera pesadilla para este médico de 41 años, egresado de la UBA, jefe del servicio de Ginecología del hospital, que no entiende por qué la justicia «en vez de perseguir a los violadores» de la mujer, lo persigue a él, por cumplir con su deber. Tampoco se investiga a quienes, sin conocimientos médicos, le suministraron a la joven madre, una droga abortiva.
La denuncia en su contra no la formuló la paciente, sino una diputada, autora de la ley por la cual Río Negro adhiere al Protocolo de Aborto No Punible, que admite la interrupción del embarazo en casos de violación y de riesgo de salud para la madre. Cuando se debatió en el Congreso el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, sus promotores negaron enfáticamente que la ley habilitara el aborto hasta el último día de gestación en los casos de violación y de un poco preciso «riesgo de salud» para la madre, que dejaba la puerta abierta a un sinnúmero de causales.
Pues bien, el procesamiento de Rodríguez Lastra demuestra que esa es la intención y la interpretación que se hace de la ley. Por ejemplo, Ruth Zurbriggen, referente de la organización feminista rionegrina La Revuelta, que ha tomado el caso como emblema y desea una condena «para que esto no se vuelva a repetir», afirmó que «el protocolo no pone plazos y el límite de la gestación es sólo una excusa (sic)».
En reacción a lo sucedido, los ginecólogos y obstetras del hospital de Cipoletti se han anotado en el registro de objetores de conciencia para evitar que sus decisiones basadas en criterios médicos sean cuestionadas judicialmente. Oriundo de Lomas de Zamora, antes de mudarse a Cipoletti, Rodríguez Lastra trabajó en el hospital de Adrogué. Está instalado en Río Negro desde julio de 2016.
En esta charla, relata lo sucedido y dice que volvió a hablar de su caso porque cuando vio el contenido del proyecto de ley que se debatía en el Congreso quiso advertir a sus colegas del tipo de dilema al que podrían verse confrontados. «Más allá de la semana 20 ya ni siquiera se puede hablar de aborto. Para interrumpir un embarazo tan avanzado hay que matar al bebé en el útero antes de sacarlo».
Cualquier experto, dice, sabe que hay dos formas de «interrumpir un embarazo»: aborto o parto. Aborto, espontáneo o provocado, es expulsar células, es decir, el embrión, antes de la semana 20, 22 de gestación. Después de ese plazo, interrumpir un embarazo es expulsar a un bebé que nace vivo y que es derivado a los neonatólogos. Un bebé prematuro extremo tiene alto riesgo de sufrir secuelas graves: ceguera, sordera, etcétera.
«Yo me negué a interrumpir un embarazo de 22 semanas pero lo interrumpí a las 35 y así nació un niño que está sano y fue dado en adopción».
— Si tenía tomada la decisión de abortar, ¿por qué esta paciente esperó tanto?
— La paciente había sido evaluada en el Hospital General Fernández Oro, según consta en la historia clínica, si mal no recuerdo en diciembre de 2016 y en enero 2017. Evidentemente nunca sospecharon el embarazo. Vuelve en febrero, recién ahí le piden un test. Desconozco la razón por la cual le da negativo. Cuando lo repiten a mediados de marzo, da positivo y le dan turno recién para fines de ese mes, 27, 28. Ahí ya tenía un embarazo avanzado.
— Entonces en abril ella se presenta en el hospital de Cipoletti.
— En abril ella va al Hospital Fernández Oro porque tenía contracciones uterinas producto supuestamente de una medicación que alguien le había dado y de allí la derivan al Hospital de Cipoletti, a mi guardia.
— ¿Esa medicación no se la dio un médico?
— No, no.
— ¿Cuántas semanas de embarazo tenía en ese momento?
— 22 semanas.
— ¿Eso equivale a 5 meses?
— Si, cinco meses.
— ¿El protocolo no establece un plazo máximo?
— No, no establece un plazo máximo. Sin embargo el concepto de aborto, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud, implica menos de 20 semanas o bien un feto menor de 500 gramos. Por otro lado, independientemente de que el protocolo no marca una edad gestacional límite, marca otras pautas. Es decir, consentimiento informado, declaración jurada, una asistencia interdisciplinaria de la paciente y por supuesto que el procedimiento se efectúe en un ámbito médico, y nada de esto había pasado.
— ¿El protocolo no pide una denuncia policial de la violación sino simplemente una declaración jurada?
— No, por ley, la denuncia policial no se pide.
— Ahora, un feto con ese nivel de desarrollo, ¿es viable fuera del útero?
— Puede llegar a ser viable. Y esa es la gran objeción y eso es lo que en definitiva me llevó a mí a tomar medidas conservadoras. Imagínese que estamos en una guardia, donde tengo que atender una emergencia y tomar la mejor decisión posible. Para mí en ese momento la mejor decisión posible fue salvar la vida. Después, si hay alguna objeción, se establecen los tiempos y, sobre todo el contexto clínico para no poner en riesgo a la paciente. Imagínese que un aborto, y en este caso ni siquiera era un aborto, de un embarazo tan avanzado, puede poner en peligro serio a la paciente, sobre todo por hemorragias.
— Claro. ¿Un aborto a esa altura de la gestación ya no es un aborto?
— Exacto.
— ¿Es muy riesgoso para la mujer?
— Lo es, y eso fue lo que quise evitar. Evidentemente la Fiscalía de Cipoletti considera que esa actitud se enmarca en violencia obstétrica…
— ¿Quién lo denunció a usted? ¿La Fiscalía la familia de la joven?
— No, no, realizó la denuncia la diputada provincial Marta Milesi y la Fiscalía actuó a partir de esa denuncia.
— ¿Y la carátula es esa, es violencia obstétrica?
— La carátula es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por lo que estuve leyendo, es un delito culposo. Se me está imputando que yo no cumplí la ley ex profeso. Es una ley promovida por esta misma diputada. Es la ley 4796 de Río Negro, que no hace más que dejar asentado que la provincia adhiere al protocolo de Nación para la interrupción legal del embarazo. El protocolo de Nación establece que el profesional tiene 10 días para interrumpir un embarazo a los fines de establecer un tiempo límite. En este caso…
— Si el Protocolo dice eso, es «generoso», porque el proyecto de ley que se debatió en el Congreso fijaba apenas 5 días corridos.
— Imagínese que yo para operar a una paciente con cáncer tengo que esperar mucho más tiempo. Pero bueno, esas son cuestiones al margen sobre las que no me siento en condiciones de opinar porque forman parte de la legislación y no me voy a meter con eso. Lo cierto es que a partir de todo esto tengo que enfrentar esta imputación…
— ¿Qué pasó con el niño?
— El niño nació. Quiero aclarar una cosa: a mí lo que se me imputa es lo que pasó el 2 de abril, porque yo con mi conducta médica inhibí contracciones que supuestamente, de acuerdo al criterio no médico sino legal de la Fiscalía, era un aborto en curso que yo frené. Cosa que tampoco es cierta.
— De no intervenir en ese momento, ¿qué podría haber pasado? ¿Ella estaba abortando…?
— No, un aborto en curso no se detiene por más que uno ponga la medicación que ponga. Cuando la paciente llega, contextualicemos, cuando la paciente llega lo hace con fiebre diciéndome que alguien le dio una medicación, que no era médico, eso da mucho miedo cuando uno está de guardia, porque no sabe, porque por más que me el nombre del remedio, uno no puede confiarse… Ese es el contexto, yo recibo a una paciente con dolor abdominal, que no tenía pérdidas, o tenía pequeñas pérdidas, no era una hemorragia, nada de eso. Entonces lo que yo hice fue darle una medicación para cortar las contracciones, para estabilizarla clínicamente.
— ¿El bebé estaba bien en ese momento?
— Estaba bien, por supuesto. Si no la conducta es otra, si hay un feto muerto…
— ¿Ella dijo que estaba tratando de abortar?
— No. Lo que me dijo fue que no quería tener el bebé, cosa que es absolutamente respetable y entendible. Lo que a veces cuesta un poco entender es que uno como médico debe atenerse a determinados procedimientos, y si esos procedimientos no se cumplen, uno está incurriendo en un delito grave que es la imprudencia, la impericia; eso es un delito grave.
— Porque hay riesgo de vida.
— Exacto, eso es fundamental. Usted me preguntaba qué pasó con el bebé. La interrupción del embarazo se realizó, pero bastante después, cuando ya el bebé era viable.
— ¿Quién lo hizo? — En el mismo hospital lo hicimos. Pero nos pusimos de acuerdo con los neonatólogos, no podemos olvidarnos de ellos porque si nacía esta criatura iban a tener que asistirla, porque era ya un ser vivo, muy probablemente respiraría, porque pesaba más de 500 gramos, no era un feto sino un recién nacido y había que asistirlo. Entonces los neonatólogos formaron parte de esta… podríamos llamarla convención que hicimos en el hospital entre la Dirección, psicólogos, asistentes sociales y neonatólogos. Dijimos qué hacemos, aborto no es, porque es muy grande, entonces llegamos al acuerdo de que lo antes posible se lo sacábamos y concordamos que lo antes posible eran 35 semanas de embarazo, 7 meses y medio. Nacería un bebé prematuro pero con muchas más posibilidades de vida. De hecho ese bebé fue dado en adopción apenas nació.
— ¿Fue dado en adopción?
— Sí, nació y fue dado en adopción.
— ¿También hicieron una consulta a las autoridades?
— Sí, y acá viene lo contradictorio. Porque el Ministerio de Salud y la Jueza de Familia estuvieron de acuerdo con mi decisión de no interrumpir el embarazo, de que naciera el bebé y darlo en adopción. Pero ahora la Fiscalía entiende que yo tenía la obligación de interrumpir el embarazo y así generar el nacimiento de un prematuro extremo… — ¿Cuándo formulan la denuncia en su contra?
— La denuncia fue por mayo, junio, del año pasado y en noviembre se hizo la presentación de cargos. El Código Procesal Penal de la provincia establece tres instancias. La primera es la presentación de cargos: la Fiscalía informa al acusado de qué se lo acusa. La segunda instancia es la validación de prueba donde el acusado con su abogado presenta las pruebas que considera pertinentes y la Fiscalía hace lo mismo. Allí se puede presentar una solicitud de sobreseimiento; si el juez no hace lugar al pedido de sobreseimiento, la instancia siguiente es el juicio oral y público.
— ¿Usted se inscribió ahora como objetor de conciencia?
— Sí, yo no era objetor porque estaba de acuerdo con lo que marca el Código Penal. Interrumpir un embarazo en pos de la salud del paciente, en eso estaba de acuerdo. Pero a partir de que pasó todo esto, mi decisión fue cambiar la postura porque esta exposición que estoy viviendo, esta mala interpretación de mi accionar como médico y esta suerte de jugada medio rara la verdad que me deja expuesto, incluso más como ciudadano que como médico, a cuestiones que no tienen que ver con la práctica médica, por eso decidí anotarme en el Registro de Objeción de Conciencia.
— Tengo entendido que otros médicos del Hospital hicieron lo mismo… — Todo el servicio hizo lo mismo. Y por el mismo motivo.
— ¿Quedaron muy marcados con esto que pasó?
— Y, le puedo asegurar que fue algo muy… Me marcó muchísimo. Sobre todo que la Justicia me reclame por no haber hecho una práctica que, no quiero ser demasiado drástico, pero es aberrante. Para decirlo sin vueltas, arrancar a un chiquito del vientre de su madre teniendo después la obligación de asistirlo y sabiendo que si sobrevivía iba a quedar con secuelas gravísimas… Si vivía iba a ser en condiciones nefastas. .
— Ahora es un niño normal.
— Sí, el bebé bien, por supuesto. Convengamos que, lamentablemente, para la paciente fue algo muy terrorífico todo lo que tuvo que pasar, eso es indiscutible. Pero ¿qué decisión tendría que haber tomado uno? La decisión que tomé fue la mejor y lo haría otra vez porque obligarme a hacer eso con un chico, con un nonato es horrible. La Justicia debería actuar más sobre el violador, ¿no? Antes que sobre la consecuencia. Pero bueno, así es este mundo.
— La Justicia podría tener en cuenta el juramento de un médico. Cuando el Ministro de Salud fue al Congreso por el debate del aborto dijo que ya no se hacía más el juramento hipocrático y es mentira. Se sigue haciendo y en la UBA, donde usted se graduó, incluye la promesa de defender la vida desde la concepción.
— Le comento algo al respecto. A pesar de esta ley 4796, si usted mira la Constitución de la Provincia de Río Negro, en el artículo 59 se asegura la salud de los ciudadanos desde el momento de su concepción. Así que imagínese hasta qué punto estamos en un sinsentido con una ley que contradice la propia Constitución provincial. Y por otro lado hay un médico juzgado no por haber causado la muerte sino por salvar las dos vidas. Esa es la situación en la que estoy. Para uno la Justicia era otra cosa, como dije recién, el sistema debería buscar violadores, no acusar a médicos.
— Cuando uno dice 22 semanas quizá no toma dimensión de lo que significa, pero si se habla de 5 meses resulta más contundente, 5 meses es muchísimo.
— Es así. Cuando por motivos médicos uno tiene que terminar un embarazo así, hay que matar al feto adentro del útero para sacarlo. Aunque algunos lo nieguen, concretamente es así, para interrumpir un embarazo gestacional tan avanzado hay que matar al niño dentro del vientre de la madre.
— Un embarazo de…
— De más de 22 semanas. Siempre tiene que hacerse así. Por eso es que, en el momento en que se presentó la ley de legalización del aborto, me pareció menester hablar de mi caso, por dos motivos, primero en solidaridad con mis colegas, para contarles cuál era mi situación, y por otro lado, viendo los contenidos de la ley yo en ese momento dije no, esto no es lo más indicado.
— ¿Se refiere a que el proyecto de ley no ponía límite de tiempo en caso de violación?
— Exacto. No ponía límite.
— No ponía límite en caso de violación y de riesgo de salud; esto último, es muy ambiguo, no siempre fácil de evaluar, imagino.
— Es muy delicado, es muy delicado.
— Además, aun admitiendo que la vida empieza en un plazo dado, digamos 12 semanas, ¿por qué exceptuar los casos de violación de ese plazo?
— Es una buena pregunta.
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