JUEVES, 26 de octubre de 2017.- El Secretario de Seguridad de la provincia, va camino a transformarse en el César Milani de Rosana Bertone, ya que luego que se supiera que utilizaron fondos millonarios con carácter de reservados, corrió el rumor que los fondos habrían sido utilizados entre otras cosas para la campaña y la compra de equipamiento destinado a operaciones de inteligencia.
Murray confirmó operaciones de espionaje que podrían violar la Ley de Inteligencia Nacional
Con respecto a las operaciones de inteligencia del personal dependiente del Secretario de Seguridad de Tierra del Fuego, el rumor fue confirmado por el propio Murray quien en declaraciones a la prensa confesó que los fondos reservados fueron utilizados para la compra de «determinados equipamientos que se requieren para las tareas de inteligencia contra el delito complejo».
El equipamiento comprado secretamente no podría tener otro destino que las intervenciones telefónicas y de correos electrónicos, sin otro objetivo posible que el de efectuar inteligencia a políticos, periodistas, dirigentes sociales opositores y hasta incluso funcionarios judiciales, lo que constituiría una clara violación a la Ley de Inteligencia Nacional. El Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones telefónicas o captaciones electrónicas de cualquier tipo, autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.
La Constitución prohíbe gastos reservados
Murray, asesorado por el Ministro José Luis Álvarez y el «valijero municipal» José Labroca, salió a tratar de salvar la ropa pretendiendo ampararse en el incico h) del artículo 18 de la LEY Nº 1015, Régimen General de Contrataciones y Disposiciones Comunes para el Sector Público provincial, que permite la contratación directa «cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Estado provincial se mantengan secretas». Este inciso fue incluido en la ley de contrataciones en el marco de las negociaciones por las áreas petroleras y gasiferas, y nunca tuvo como objeto la autorización de la compra en secreto para la Secretaría de Seguridad.
La Constitución Provincial es concluyente, prohíbe los gastos reservados, y Murray pretende utilizar un artículo previsto para los «contratos petroleros», para tratar de zafar de la imputación del delito de malversación de fondos públicos. No caben dudas que nos encontramos frente a la posible comisión de varios delitos: uno violatorio del orden constitucional provincial que prohibe los «gastos reservados», la malversación de fondos públicos y finalmente, la violación a la Ley de Inteligencia Nacional.
Pablo Blanco le tiró un salvavidas a Murray
Fue precisamente el Legislador Pablo Blanco, jefe del bloque multipartidario de Bertone en la legislatura, quien hizo zafar a Secretario de Seguridad en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, cuando Murray y sus funcionarios entraron en pánico, ante las preguntas formuladas Pablo Villegas y Mónica Urquiza. No podìan explicar en qué gastaron los $ 17 millones del presupuesto de Seguridad.
Blanco, con asistencia perfecta en todos los ajustes provinciales, siempre oficialista y vocero de la gobernadora Bertone en la legislatura, al ver la cara de pánico de Murray, y que los funcionarios de la secretaria de seguridad no podìan coordinar una respuesta coherente, decidió suspender la reunión. No vaya a ser que los muchachos «siguieran escupiendo» todas las irregularidades de la ejecución del millonario presupuesto de seguridad.
Un asesor que prefirió no dar su nombre dijo «los funcionarios de Murray estaban desesperados. Blanco que es un viejo zorro, se avivó y suspendió la reunión, porque si seguían hablando delante de todo el mundo, terminaban todos en cana. A esos pibes tenés que pegarle una cachetada para que hablen, y cinco para que se callen».
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