VIERNES, 9 de marzo de 2018.- En la 1ª sesión ordinaria del año, tomaron estado parlamentario tres proyectos de ley presentados por el bloque del MPF, relacionados con la contención, tratamiento y reparación económica para víctimas de violencia y abuso en el ámbito de la Provincia. Los tres asuntos fueron girados a las comisiones correspondientes para su análisis en ese espacio de debate.
El primero de ellos, asunto Nº 026/18, busca crear un régimen de reparación económica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes hijos de madres víctimas de femicidio. El proyecto afirma que “en nuestra Provincia durante el año 2017 se han registrado dos femicidios”.
“El femicidio, aparte de la pérdida de la vida de la mujer víctima, genera otras víctimas que no están tan visibilizadas, que son los hijos de esa mujer”, afirmó el legislador Pablo Villegas en diálogo con la prensa. “Nosotros proponemos desde el bloque del MPF un proyecto de ley tendiente a establecer un régimen de ayuda económica a esos menores de edad hijos de la mujer víctima de femicidio”, explicó.
“Por un criterio básico de justicia social nosotros entendemos que es necesario visibilizar esa situación, ponerla en agenda parlamentaria y ver en el ámbito de las comisiones primero, para buscar los consensos necesarios para convertir este proyecto en ley”, dijo el referente del MPF.
En su fundamento, explica que “los niños, adolescentes y jóvenes hijos de víctimas de femicidio que sobreviven a este horror, en muchos casos fueron víctimas de la violencia y en la mayoría de los casos testigos del asesinato de la propia madre. Han convivido con la violencia extrema y en muchos casos la han padecido físicamente, sexualmente y psicológicamente”.
“Estos niños, adolescentes y jóvenes necesitan recuperar la estabilidad en sus vidas, su salud psíquica, luego de todo el sufrimiento que han vivido y, sobre todo, luego de perder a su madre bajo estas condiciones”, continúan los Parlamentarios del MPF.
En su articulado, el proyecto establece que la reparación económica será una prestación inembargable equiparada al monto total de escala que percibe una categoría diez (10) del escalafón seco de la Administración Pública Provincial, que será abonada en forma mensual y por cada hijo.
La norma proyectada fija quienes serán los posibles beneficiarios de la reparación económica: “las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que cumplan los siguientes requisitos: a) ser hijo de la madre fallecida; b) ser menor de dieciocho (18) años de edad o persona con discapacidad sin límite de edad; y c) tener su domicilio real y permanente en la Provincia al momento del femicidio”.
También determina que los beneficiarios que no posean cobertura integral de salud se les brindará automáticamente la prestación médico asistencial de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), quien deberá cubrir las necesidades de salud física y psíquica.
El segundo es el asunto 037/18, que es la reiteración del asunto 212/16, que perdió estado parlamentario el año pasado. El proyecto busca la creación de un Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder.
El bloque mopofista fundamenta la insistencia en el tratamiento del proyecto en base a la Ley nacional Nº 27.372, que refiere a “las víctimas de competencia de la justicia federal en todo el país” (art.22), y establece que “éste desarrollará las acciones a su alcance para colaborar en la creación de tales organismos, en las provincias que no cuenten con ello».
En su primer artículo, la norma propuesta menciona que “el Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder que estará integrado por un equipo interdisciplinario, bajo la dirección de un profesional designado por el Poder Ejecutivo, que dependerá orgánicamente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad”.
El Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder tendrá por función brindar asistencia, orientada a atender las consecuencias directas del delito o del abuso de poder y a prevenir el desamparo que experimenta la víctima en su encuentro con las instituciones públicas de salud, seguridad y de administración de justicia.
La institución deberá articular acciones tendientes a garantizar la integridad física de la víctima en situación de crisis; dar a conocer a la víctima de manera sencilla y accesible sus derechos, en especial los referidos a su participación en el proceso penal respectivo y a la forma legal de reclamar la reparación del daño; proveer apoyo psicológico, emocional, social y financiero; entre otras.
El proyecto establece que “el Poder Ejecutivo dispondrá el espacio físico y los medios necesarios para la puesta en marcha del centro de asistencia a las víctimas del delito y del abuso de poder a que se refiere la presente ley”.
Por último, el asunto Nº 046/18 propone la creación de un Centro Provincial de Información del Delito y la Violencia en la Provincia. Su función será recolectar información proveniente tanto del sector gubernamental – nacional, provincial y municipal – como del no gubernamental, que tengan su ámbito de atención dentro del territorio provincial, independientemente de su naturaleza.
El proyecto plantea como objetivos implementar un sistema de información que facilite la planificación y ejecución de políticas públicas y acciones de prevención y combate de la problemática del delito y la violencia; conocer con mayor profundidad y complejidad la magnitud de los conflictos y problemas asociados directa o indirectamente a la criminalidad y la violencia, su implicancia presente y su evolución futura; computar todos los hechos delictivos o de violencia sucedidos en la Provincia con arreglo a una metodología estandarizada, fiable, segura y transparente, para elaborar la sistematización de la misma, publicar la información resultante y garantizar su acceso; entre otros.
Además, especifica que estará integrado por profesionales y técnicos con experiencia acreditada en la problemática y se deberá incluir la participación de los poderes Legislativo y Judicial “en el contralor de las actividades y servicios o prestaciones brindadas por el Centro”. Asimismo, contará con una “Comisión Asesora” de carácter honorario, integrada por representantes municipales, de organizaciones no gubernamentales, universidades y otras entidades “con capacidad real de efectuar aportes como propuestas o sugerencias tanto para la determinación de la agenda del organismo como metodológicas en la prevención y contención del delito y la violencia en la Provincia”.
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