VIERNES, 8 de marzo 2019.- La bebé de la nena tucumana de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela y a la que le habían practicado una cesárea murió esta tarde, de acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales.
El caso generó repercusión nacional, luego de que la víctima pidiera una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la semana 16 de gestación y las autoridades del Ministerio de Salud local demoraron la práctica hasta la semana 23. En medio de una serie de contradicciones entre esta cartera y la Justicia, le practicaron una microcesárea en el Hospital Eva Perón.
De acuerdo a las autoridades del centro de salud la beba, que había nacido el 27 de febrero, tenía 25 semanas de gestación y pesaba solo 660 gramos. A las 15.30 de este viernes, tuvo una complicación respiratoria grave y murió.
El gobierno de Tucumán había difundido un comunicado de prensa en donde manifestaban que iban a cumplir con el oficio de la jueza de Familia y Sucesiones de la V Nominación, Valeria Judith Brand, en base al fallo FAL. Esta doctrina, impulsada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, avala el aborto no punible en casos de violación. Sin embargo, el escrito del Ministerio concluía con que iban a tomar los procedimientos necesarios «para salvar las dos vidas».
La nena fue violada por la pareja de la abuela. A pesar de eso, los tiempos de la decisión para aplicar el aborto se estiraron y, finalmente, le hicieron una cesárea. «A la nena se le violaron los derechos sistemáticamente. Al no aplicarse el protocolo de la ILE desde un primer momento, no le dieron acompañamiento psicológico hasta que intervenimos nosotros», había comentado Fernanda Marchese, la abogada de la familia de la chica.
El caso trajo una repercusión política dentro del gobierno tucumano. Juan Manzur y las autoridades médicas del hospital fueron denunciados por varias organizaciones feministas por haber obstaculizado el aborto legal, previsto en este tipo de situaciones.
Este jueves, La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al estado argentino a garantizar la interrupción legal del embarazo y señaló que impedir la práctica puede constituir una «tortura».
«La no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos», señaló la representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Birgit Gerstenberg.
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