JUEVES, 15 de noviembre 2018.- “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero aún no hemos aprendido el sencillo arte de vivir en paz, sin violencia, con respeto y en armonía con los demás” (Martin Luther King, pacifista)

Desde hace un tiempo a esta parte, nuestra ciudad de Río Grande y porque no decir nuestra querida provincia de Tierra del Fuego se ha visto –literalmente– invadida por el avance de delincuentes de entre 11 y 17 años que se dedican –con un grado de violencia inusitado y aterrador– a realizar robos, vender y consumir drogas, hemos tenido casos de asesinatos a ancianos, destrucción de propiedad privada y un largo listado de transgresiones a la vida social comunitaria. Lo anterior, a la vista y paciencia de una población impotente e indefensa frente a tanta delincuencia.

Uno de los aspectos más graves –y peligrosos– de esta situación, es que los niños que delinquen, tienen clara conciencia de que ellos son “inimputables” y que la sociedad los considera, incluso, “sin discernimiento”, en función de lo cual, estos jóvenes delincuentes pueden realizar casi cualquier barbaridad en términos delictuales –incluyendo el asesinato de las víctimas de sus delitos– sin recibir castigo alguno.

¿Resultado de lo anterior? En junio de 2016, el Poder Judicial reveló que los Juzgados registraron alrededor de 20.000 casos de “niños inimputables” menores que fueron detenidos por diversas infracciones y delitos cometidos desde el año 2014 en adelante. Dada su edad, a estos menores no se les pudo atribuir responsabilidad penal alguna, por lo que terminaron siendo absueltos de los delitos cometidos y entregados a sus padres y guardadores.

Algunas de las causas que dan origen a las trágicas y popularmente conocidas pandillas y/o bandas juveniles son, entre otras: La desintegración del núcleo familiar; La ausencia de valores desde el hogar; El ambiente social que rodea a los menores; La necesidad de pertenencia de los niños a un grupo que los acoja, aunque sea de tipo delictual.

El grave problema, radica en que aquellos que, posteriormente, se convierten en asesinos adolescentes, casi siempre tienen antecedentes criminales policiales desde mucho antes, en ocasiones desde los nueve años.

Estos niños criminales comienzan a delinquir desde muy jóvenes, porque saben que nada les va a pasar.

El segundo grave dilema radica en que gradualmente, va aumentando la gravedad de sus delitos –robos con violencia, asaltos con arma blanca o con pistolas, etc.–, lo que significa que cuando lleguen a adolescentes entre 15 y 17 años serán criminales hechos y derechos.
Por lo tanto, es preciso que nuestro provincia preste mucha atención a esta situación antes de que se desborde totalmente y se convierta en un tema imposible de controlar, por cuanto, es cosa de observar y estudiar lo que ha sucedido en estos días.

Una de las razones para este comportamiento –aún cuando en ningún caso constituye una justificación–, es que estos niños delincuentes actúan de manera impulsiva, sin control y sin ningún tipo de temor a las consecuencias de sus actos.

La tónica que se advierte después que se apresa a estos niños delincuentes y se los lleva ante los tribunales de justicia o de familia, es que muestran muy poco arrepentimiento por sus delitos y transgresiones. Por el contrario: algunos de ellos hacen ostentación y presumen abiertamente en las redes sociales y entre sus grupos de pares acerca de los ilícitos cometidos.

Las diversas investigaciones internacionales señalan claramente, que las pandillas juveniles se han convertido en un fenómeno social propio de las grandes urbes y, en algunos países, este fenómeno está siendo considerado como uno de los principales problemas de “seguridad nacional”. Lo anterior, a raíz de las repercusiones que tiene en la población la proliferación sin freno del número de niños criminales y de pandillas juveniles dedicados a cometer delitos y desmanes, amparados por las propias leyes de inimputabilidad.

En este contexto, digamos que una pandilla es una agrupación de menores de edad que comparten los mismos intereses y que con el tiempo se convierte en sinónimo de violencia, robo, desmanes, destrucción de propiedad pública y privada, inseguridad ciudadana, etc.

Dado que la delincuencia juvenil y la aparición de pandillas se están convirtiendo en un problema de tipo social, entonces su tratamiento requiere de una respuesta también social, que implique, tomar medidas tanto de tipo políticas, como así también utilizar estrategias multisectoriales con participación no sólo del Estado, sino que de los padres de estos menores y de la comunidad, en general, donde el enfoque no se reduce exclusivamente a tomar medidas represivas y punibles, sino que, prioritariamente, medidas de tipo preventivas y de contención.

Es altamente probable que esto requiera de ciertos cambios y adecuaciones de las leyes actualmente vigentes. Por mucho que queramos ponernos una venda y cerrar los ojos ante la realidad que nos rodea, a partir de una determinada edad, los niños saben –y discriminan– claramente la diferencia entre el “bien” y el “mal”, así como también saben perfectamente, que si cometen delitos, nadie los puede tocar.

En vista de los hechos que estamos viviendo, si muy pronto no se toman cartas en el asunto de manera seria, responsable y efectiva, nuestra provincia, en un plazo razonable, se podría ver completamente desbordado por jóvenes delincuentes.

No caigamos en el error de rendir honores al dicho que señala: “Mal de muchos, consuelo de tontos”.

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