El aborto “gratuito” que pagamos todos

VIERNES, 15 de junio 2018.- Ya todos conocen mi posición en la defensa de las dos vidas que he sostenido desde siempre, pero como Senadora Nacional por Tierra del Fuego, me gustaría sumar una mirada que no ha estado presente, al menos en forma detallada, en el debate social y parlamentario sobre el aborto.

Los proyectos que se examinaron tanto el plenario de comisiones como en el dictamen, establecen la gratuidad del aborto en los hospitales públicos y su cobertura por parte de las obras sociales y prepagas. Dejemos por un momento de lado si estamos a favor o en contra de la legalización. Si se trata de una práctica a ser cubierta por el Estado y financiada por todos los argentinos, ¿No resulta razonable y lógico analizar todo lo relativo a cuestiones presupuestarias involucradas para garantizar esta gratuidad?

Se han escuchado múltiples enfoques relativos a cuándo comienza la vida, si el embrión es o no persona para nuestro ordenamiento jurídico, los efectos psicológicos de continuar con un embarazo no deseado versus los efectos de abortarlo, y –entre otros- la necesidad de encarar la legalización de ésta práctica como una cuestión de salud pública.

¿Sabemos cuánto le costaría al Estado, al pueblo argentino, el aborto libre y gratuito? En estos momentos en los que ha cobrado tanta importancia la reducción de gastos por parte del Estado, es sorprendente que no se haya tenido en cuenta. Según declaraciones recientes del propio Ministro de Salud, un aborto clandestino quirúrgico costaría entre 20.000 y 30.000 pesos, y con medicamentos alrededor de 35.000 pesos, cifras que se estima que sean menores si es legalizado. Pero si le sumamos la asistencia pre y post aborto, al no haber estimaciones, hacer un cálculo es complejo.

Si fuera cierto que en la Argentina se realizan 500.000 abortos por año, cualquiera sea su costo, estamos hablando de miles de millones de pesos. Por poner un ejemplo, en una nota reciente de la economista Paula Almada, de la UNR, se tomaba la cifra de 490 dólares que se paga en Estados Unidos por un aborto en el primer trimestre: esto daría como resultado 245 millones de dólares al año, es decir más de seis mil millones de pesos.

Sorprendentemente, estos proyectos no tienen giro a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ni tampoco se ha pedido –como sí sucedió, por ejemplo, con el tema tarifas- la opinión de la Oficina de Presupuesto del Congreso, de reciente creación.

Tampoco se ha visto en las audiencias públicas, entre tantas declaraciones de militantes, juristas, médicos, psicólogos, filósofos, religiosos, y demás expositores, a tres actores fundamentales en lo que se refiere al “aborto gratuito” como son los directores de obras sociales sindicales, los representantes de las prepagas, y fundamentalmente los gobernadores y los ministros de salud de todas las provincias, que son quienes deberían afrontar en sus presupuestos los gastos de los abortos en los hospitales públicos, que como bien sabemos no los financia Nación sino las provincias.

No se han registrado consultas, a la luz de la ley 27.054 al “Consejo Federal Legislativo de Salud (COFELESA) organismo deliberativo de origen político que tendrá por objeto la articulación y promoción de políticas legislativas comunes en materia de salud en todo el territorio nacional” (Art 1) y que está integrado por “los miembros de las comisiones de Salud … del Honorable Senado de la Nación, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de cada una de las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”. (Art 2). Me pregunto si las voces de las Legislaturas Provinciales, que deberán aprobar mayores presupuestos para salud, no deberían haberse escuchado.

Es muy fácil para Nación reconocer un derecho que no paga, y que será pagado por las provincias. ¿O habrá acaso fondos especiales de coparticipación para financiar abortos gratuitos, mientras en algunos hospitales faltan gasas y el equipamiento más esencial? ¿Haremos del aborto una prioridad de nuestro sistema de salud, habida cuenta que debería realizarse como máximo en un plazo de cinco días de ser solicitado, mientras cientos de personas esperan semanas, meses o años para acceder a otras prácticas médicas, en hospitales que no dan abasto?

El “aborto gratuito” lo pagarían en principio las provincias y la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad sería financiado –como todo lo del Estado- con los impuestos de los ciudadanos que, por cierto, según las encuestas y lo evidenciado en las masivas marchas que hemos visto, está mayoritariamente en contra, y de modo más pronunciado en el interior.

¿Podemos simplemente incluir el aborto como una práctica más a ser cubierta por el Programa Médico Obligatorio (PMO), sin brindar un debate profundo y serio sobre el sistema de salud que queremos y el que efectivamente tenemos?

También se plantea la cuestión de cómo podría implementarse una práctica que la mayoría de los médicos, asociaciones de médicos, de personal de la salud y la propia Academia Nacional de Medicina no consideran ni siquiera como curativa y propia de la medicina. No se puede legislar sobre salud, a espaldas de quienes trabajan en el sistema día a día, y quienes deberían implementar esta ley.

Volviendo sobre el tema presupuestario específico ¿Sabemos el impacto que tendría en las obras sociales y las prepagas la implementación de la práctica en la forma en que se está planteando? ¿Está dispuesta la ciudadanía a soportar el desfinanciamiento del sistema de salud, o a perder la cobertura sobre otras prestaciones, tal vez medicamentos, o ciertos estudios, o a abonar más por su prepaga?

Me pregunto por qué no dar este debate en serio, en lugar de esconder un aspecto fundamental, ¿Por qué encaminarnos a gastar cifras millonarias en aborto, en lugar de pensar de verdad en cómo prevenir, y gastar en prevenir los embarazos no deseados, en políticas de contención de los embarazos conflictivos, que respeten la vida de los dos? Y también, por supuesto, en políticas que signifiquen un real empoderamiento de las mujeres ¿Por qué el proyecto de aborto luego de unos meses ya está en el recinto, mientras que proyectos que son tan importantes para las mujeres como la “Ley de la equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo” que significaría nada menos que la igualdad en el salario y en las licencias o la “Ley Brisa” para los hijos víctimas de femicidios, avanzan con tanta lentitud o están dormidas?

Este proyecto, fruto de un debate en el que actores fundamentales no estuvieron presentes, en el que en un principio se evaluó la posibilidad de hacer audiencias en el interior y en las Legislaturas Provinciales, y que no se hicieron, es un atentado al federalismo.

Decididamente , hay varios aspectos que reinaron por su ausencia en este debate tan complejo, y en el que se abren muchísimos interrogantes que no fueron resueltos. Hay cuestiones que van más allá de argumentos éticos, jurídicos, y científicos. El tema- a mi juicio- merece consideraciones más realistas y menos voluntaristas. Sigamos, mientras tanto, fortaleciendo y desarrollando políticas orientadas a prevenir embarazos no deseados, de contención en embarazos conflictivos y que fomenten y agilicen procesos de adopción y guarda para tantas familias que desean hacerse cargo de menores.

Las mujeres merecemos algo mejor que el aborto.