VIERNES, 9 de diciembre 2016.-El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) presentó el Informe Ejecutivo 2015. El SNEEP representa la estadística oficial del país en materia penitenciaria y se conforma a través de la recopilación anual de información proveniente de todas las unidades de detención, tanto federal como provinciales.
Martín Casares, subsecretario de Política Criminal, explicó: «El SNEEP se elabora desde hace ya catorce años, en el marco de la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, que pertenece a esta Subsecretaría, con un equipo de trabajo muy sólido, consolidado a través del tiempo. Son personas muy capacitadas y formadas en el ámbito de las estadísticas en el nivel nacional que, dentro de la Dirección, son las que proyectan, desarrollan y recaban información para la construcción del SNEEP».
La presentación del informe estuvo a cargo de Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, y Hernán Olaeta, coordinador de Estudios y Estadísticas en Materia de Política Criminal de la Dirección Nacional de Política.
Las principales conclusiones:
• En la Argentina hay 285 unidades de detención, siendo las jurisdicciones que más cárceles tienen el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires con 54 y el Servicio Penitenciario Federal con 33 unidades. Contabilizando la población penitenciaria en sentido global, al 31 de diciembre de 2015 había 72.693 personas en el ámbito penitenciario, lo que lleva a una tasa de 168 cada 100.000 habitantes.
Pero si tenemos en cuenta que existían 1.229 personas bajo régimen de monitoreo electrónico u otra situación que la alejara de la Unidad (comparando, por ejemplo), la población efectivamente alojadas en unidades de detención fue de 71.464, lo que equivale a una tasa de 166 cada 100.000 habitantes.* Si a esta población global 72.693 personas le sumamos lo informado por las policías provinciales (las provincias de Misiones, San Luis y San Juan no informaron) y fuerzas de seguridad nacionales acerca de las 4.305 personas privadas de libertad en comisarías o destacamentos de su competencia, la cifra alcanza las 76.998 personas bajo régimen penitenciario o de detención.
Es decir, una tasa de 178 cada 100.000 habitantes. Sin considerar esas 1.229 personas bajo régimen de monitoreo electrónico u otra situación fuera de la Unidad, son 75.769 personas alojadas en cárceles, comisarías o destacamentos, con una tasa de 176 cada 100.000.
• Estos índices ubican a la Argentina cerca del promedio de la mayoría de naciones que informan -especialmente las de la región- bastante alejada de las elevadas tasas de los Estados Unidos (693) o Cuba (510) pero también de las bajas tasas de la India (33) o el Japón (47). La provincia de Buenos Aires es la que más personas presas tiene en sus unidades de detención, alcanzando el 46% del total de detenidos en el país.
• Desde la década del noventa existe una tendencia creciente en la población penitenciaria. Más allá de algunos períodos de leves bajas o amesetamiento, como 2006 y 2007, cada año registra un crecimiento en el total de personas privadas de libertad en unidades de detención. Durante 2015 hubo un incremento del 5% en relación con el período anterior, pero del 31% en relación con 2005 y del 92% en relación con 2000.
• Algo más de la mitad de las personas privadas de libertad aún no tenían condena. Esto responde a una tendencia histórica que fue más pronunciada aún hasta 2010 y que en los últimos períodos fue menos categórica. Asimismo, la población penitenciaria tiene una destacada presencia de varones jóvenes argentinos con un bajo nivel de escolarización: el 96% de los detenidos al 31 de diciembre de 2015 eran varones, y el 62% tenía menos de 35 años de edad, el 94% eran argentinos y el 72% tenía estudios primarios o inferiores al momento de ingresar al establecimiento.
• Siguiendo una tendencia histórica muy marcada, los principales delitos imputados a las personas privadas de libertad fueron robos (y tentativas de robos), homicidios dolosos, infracción a la ley de estupefacientes (23.737) y violaciones. Hay que tener en cuenta que esta característica responde fundamentalmente al funcionamiento del sistema de justicia penal y a la gravedad de las figuras delictivas; y no es equiparable a la distribución de la estadística general sobre delitos registrados.
• En el caso de aquellas personas que tenían una condena penal, se destaca que en su mayor parte se trataba de sentencias que imponían una pena de entre 3 y 9 años. Esto abarcó el 61% de los casos en el año 2015 pero es una característica que se viene observando en los últimos años. Además, siguiendo una línea histórica registrada a lo largo de la serie estadística del SNEEP, más de las dos terceras partes de los condenados eran primarios, es decir, no tenían condenas previas.
• Finalmente, es de destacar que se contabilizaron 140 casos de mujeres que viven con sus hijos en el establecimiento penal. Esta cifra es algo menor a la registrada en años anteriores ya que en 2014 había 162 y en 2013 había 164 casos.
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