MIÉRCOLES, 14 de noviembre 2018.- La diputada rionegrina Silvia Horne (PPV) elaboró un proyecto de ley para eliminar la categoría «sexo» en los documentos de identidad nacionales. Señala que se busca «proteger la diversidad sexual» y advierte que el dato del sexo de nacimiento ya no tiene ninguna utilidad real.
La iniciativa, desarrollada junto a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), replica otros casos en el mundo para reconocer otras identidades sexuales autopercibidas. Además, el texto cuenta con la particularidad de que se trata de la primera ley redactada con lenguaje inclusivo en el país.
Según señala el borrador, la finalidad de la normativa es «garantizar el derecho a la intimidad, la autonomía, la autodeterminación, la integridad y la diversidad corporal de todas las personas, en especial de aquellas que son vulneradas por la discriminación, bajo pretexto de que sus cuerpos no hegemónicos varían de normas construidas sobre la base de una falsa noción de sexo».
«El Estado debe respetar el género autopercibido de acuerdo a cómo cada persona lo siente. El proyecto busca seguir avanzando sobre las bases que fueron ya establecidas en el 2012 por la Ley de Identidad de Género y es por ende una cuestión de justicia social, de derechos, de libertad. Es una iniciativa para seguir construyendo un mundo más igualitario para todas las personas», afirma Horne, dirigente del Movimiento Evita.
Antecedentes
La iniciativa se produce poco después de que el Registro Civil de Río Negro avaló el pedido de dos personas que no se reconocen como mujer ni como hombre, y aceptó que en su documentación no se especifique el género.
A través de la resolución 420/2018, el organismo provincial definió labrar una nueva partida de nacimiento con la modificación en la que el campo reservado para el sexo se complete con una línea.
En este contexto es que crece el reclamo de la comunidad LGBT y se impulsa un cambio en los DNI a nivel nacional. «Así como en algún momento figuraba en los documentos personales la religión o el color de la piel y en la actualidad ya no es así, el sexo debe dejar de ser un dato requerido en documentación pública y privada. Dicho registro ya no ofrece ninguna utilidad real», afirmó Marcela Romero, presidenta de la Falgbt.
«Esta aceptada y generalizada práctica, bajo el examen de los instrumentos internacionales de derechos humanos, resulta una injerencia irracional, ineficaz y, por lo tanto, inaceptable. Y más aún, las prácticas médicas que se realizan, bajo el pretexto de las características sexuales de una persona, cuando son sometidas al examen de las normas constitucionales que protegen el derecho a su diversidad corporal e integridad física, adquieren dimensiones trágicamente absurdas», añadió.
Según los defensores de la iniciativa, el proyecto está basado en el espíritu de la ley de identidad de género sancionada en 2012, que establece el derecho de las personas a gozar y ser reconocidos por cómo se autoperciben.
«La asignación jurídica y registral de un sexo es inexacta, falsa, irrelevante jurídicamente, arbitraria, invasiva, discriminatoria, inútil y confusa. A su vez, es nociva por ser funcional a vulneraciones de derechos y de actos discriminatorios», completó María Rachid, dirigente social del área de derechos humanos y del colectivo LGBT.
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