DOMINGO, 2 de diciembre 2018.- Uno de los grandes debates de las economías avanzadas es hasta dónde deben llegar los impuestos para financiar el gasto público. La disyuntiva está entre si los impuestos deben ser altos o muy altos para que así se reparta más a través del Estado del bienestar, importando relativamente poco la gestión y la evaluación de cómo se gasta el dinero del contribuyente. Todo ello frente a quienes pensamos que los impuestos deben ser limitados, porque somos los individuos quienes mejor gestionamos los recursos normalmente escasos.
Los impuestos adecuados crean civilización, pero los impuestos excesivos la deterioran, porque su uso no es eficiente ni riguroso. El gasto público tendría que ser como el riego por aspersión en la agricultura: lo técnicamente justo y necesario. Por el contrario, el gasto público acostumbra a ser una tromba de agua, esto es, de dinero sin control ni gestión. Gastar mejor y más eficientemente es la solución porque los ingresos no pueden ni deben ser infinitos.
Se denomina carga impositiva el porcentaje de la riqueza de un país que es utilizado para financiar el Estado. La carga impositiva creció desde un 25% del PBI desde la década de los ochenta hasta un 45% actual.
Lo cierto es que la voracidad de los políticos hizo subir los impuestos para financiar sus apetitos personales, cada vez más caros.
El gasto del Estado es gaseoso. La característica del gas es ocupar todo el volumen del que dispone. El gasto público es gaseoso porque los políticos gastan la totalidad del dinero que les ingresa, sin límite. Si recaudan más inventan nuevos gastos, por más ridículos que sean.
No tiene sentido decir qué gasto se corta y cuál no, sino calibrar cuánto de nuestra riqueza estamos dispuestos a ceder al Estado, y con esa cifra en mente, exigirle a los Estados que brinden los servicios obligatorios según la Constitución Nacional.
La “actual presión fiscal de los distintos niveles de gobierno, las variables económicas generadas por el aumento de la cotización de la moneda de referencia, el incremento de las tarifas en los servicios públicos, y la continua suba del valor de los combustibles han generado una crisis que afecta en forma directa a todos los ciudadanos” y en dicho contexto, “como es de público conocimiento el Municipio ha manifestado que mantiene un superávit presupuestario, lo cual posibilitará que se tomen las medidas necesarias para el alivio financiero de los vecinos de Río Grande”.
Sobre este punto insistió en que la “presión económica que sufren los vecinos de la ciudad es muy grande, por lo cual no parece justo que así suceda cuando desde el Ejecutivo plantean una situación de superávit”.
El actual ordenamiento jurídico municipal tiene en vigencia la ordenanza N° 2934/11, conocida como el Código Tributario Municipal, que prevé los tributos a los que están obligados los contribuyentes a abonar en forma periódica, y de conformidad a lo previsto en el artículo N° 183 de dicha ordenanza, estos tributos municipales son actualizados tomando como parámetro el índice de precios mayoristas del INDEC al mes de septiembre para establecer el monto de los valores de la liquidación para el próximo año, por lo cual se prevé que sufrirá un aumento del 57%, lo que significa que la unidad fiscal pasará a tener un valor de 17,85 pesos, siendo el actual de 11,34 pesos.
Por lo expresado es necesario y justo tomar medidas legislativas para aliviar la presión tributaria sobre los vecinos, un descuento del 25% sobre todos los tributos comprendidos en la ordenanza N° 02934/11 como lo son tasas, derechos, contribuciones, multas, entre otros, así también la suspensión de la actualización del valor de la unidad fiscal para el año 2019.
Buscar soluciones lógicas, que afecten lo menos posible al bolsillo de cada ciudadano y que, en la medida de lo posible, cada uno tenga varias alternativas a la hora de decidir cómo cumplir con las obligaciones que todos los vecinos tenemos respecto a los impuestos y tasas municipales, esos son los objetivos que se han de fomentar en estos tiempos difíciles.
Una buena fórmula, en tiempos de crisis, de no castigar el bolsillo de los vecinos, pero contribuir entre todos a mantener los servicios municipales a pleno rendimiento.
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