MARTES, 11 de febrero 2025.- Los jueces, ministros y diputados de San Luis tendrán el próximo lunes 17 de febrero tendrán que superar la primera prueba: quienes salgan seleccionados tendrán que realizar un narcotest en el que buscarán determinar si consumieron cocaína, marihuana y anfetaminas, entre otras drogas. El sorteo se hará a través de la Lotería y el costo de cada examen será afrontado por los funcionarios.
La medida afecta a 1.500 funcionarios de los tres poderes del Estado provincial, incluyendo al gobernador.
La ley prevé que el examen toxicológico se realice a través de un ensayo de screening, mediante examen bioquímico que estará a cargo de la Universidad de San Luis y cuesta alrededor de $40.000. Si da positivo, hay que realizar una contraprueba en la Universidad de Córdoba. En ese caso el precio es de más de $150.000 y también será abonado por el funcionario.
La ley aprobada en la Legislatura de San Luis, establece que “el análisis deberá detectar como mínimo la presencia de AMP anfetaminas, THC tetrahidrocannabinol (marihuana), COC cocaína, OPI opiáceos (heroína, morfina, metadona), BAR barbitúricos, BZO benzodiazepinas, TCA antidepresivos tricíclicos, MDMA metilenedioximetanfetaminas (éxtasis), MOP morfina y PCP fenciclidina».
Cada funcionario recibirá un número que será utilizado en el sorteo oficial, donde se eligirán a 100. Estiman que harán uno por mes, excluyendo a quienes fueron elegidos en el anterior.
En el caso de un resultado positivo, se analizará la proporción. “Por ejemplo, en una escala de 1 a 10, si da 2 va a tener un tratamiento de contención que estará a cargo de un centro de prevención de adicciones, en especial para el personal policial, del Servicio Penitenciario y personal de la salud pública», explicó Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis.
Según afirmaron desde el Gobierno puntano, el consumo de drogas recreativas en bajas dosis no será detectado por el análisis.
La reacción entre los funcionarios ha sido diversa. Algunos apoyan la medida como un paso hacia la transparencia, mientras que otros cuestionan su efectividad. El debate continúa en el ámbito político y social.
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